Esta mañana Argentina amaneció conmocionado. Y es que en la madrugada de hoy se dio a conocer la muerte del fiscal que llevaba adelante la investigación del mayor atentado en la historia del país trasandino.

El persecutor, Alberto Nisman, fue encontrado muerto a los 51 años al interior del baño de su departamento en Puerto Madero, Buenos Aires, con un arma de fuego calibre 22 y un casquillo de bala.

Este hecho ocurrió ayer domingo, a un día de que el persecutor debiera explicar frente al Congreso de ese país los detalles del informe donde se acusaba a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los presuntos culpables de atentar contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó a 85 personas muertas en 1994.

Según Nisman la presidenta y otros reconocidos líderes kircheneristas formaban parte de una trama para alcanzar un acuerdo con Irán, de donde provienen los sospechosos.

LA AMIA
La AMIA fue el principal centro comunitario de la colectividad judía en ese país, y de hecho la más grande de América Latina.

En julio de 1994, estalló una bomba en la puerta del recinto, donde además de morir 85 personas, otras 300 quedaron heridas.

Ese mismo año otros atentados vinculados a la comunidad israelita ocurrieron en el mundo, con los que se vinculó al caso trasandino,

como la explosión de un pequeño avión en Panamá donde murieron 12 judíos. Días despúes en Londres, un artefacto explosivo estalló frente a la embajada de Israel, dejando a 20 personas heridas.

A fines de ese año, Irán aparece como uno de los sospechosos de los ataques. Y es en octubre de 2006 que la justicia acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo.

Según la investigación de la fiscalía trasandina, Argentina fue elegida como un blanco de ataque después de que suspendiera un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. En esa oportunidad siete exfuncionarios iraníes fueron capturados.

En 2007, el Interpol emite pedido de captura para cinco funcionarios, por lo que Argentina exigió a Irán la extradición de los inculpados en el caso para que pudieran ser juzgados.

Sin embargo, en enero del 2013, los gobiernos de Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para intentar avanzar con la causa. Por lo cual se prevé la creación de una comisión de Verdad para analizar las investigaciones.

Este acuerdo fue rechazado por las organizaciones políticas y sociales de la comunidad judía argentina, de 300 mil miembros, quienes argumentaron que Irán no es confiable.