Un hecho hasta el momento desconocido se suma a los antecedentes del Caso Caval, polémica que ha desatado una crisis para el gobierno y ha iniciado una investigación sobre tráfico de influencias y negociación incompatible por parte de la sociedad de la cual Natalia Compagnon, esposa del hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, controla en un 50%.
La edición de hoy de Qué Pasa detalla un segundo contrato, que establece una nueva posibilidad de negocios para la sociedad que Compagnon controla con Mauricio Valero, quien en esta pasada asume un rol clave.
Se trata de un contrato privado entre el empresario Hugo Silva y Mauricio Valero, que se firmó el 5 de febrero junto al compromiso de compraventa que traspasó por $9.500 millones los tres predios de Machalí adquiridos previamente por Caval tras obtener un crédito de $6.500 millones con el Banco de Chile.
En este segundo -y hasta hoy desconocido contrato- Silva le entrega a Inmobiliaria e Inversiones FVM, de propiedad de Mauricio Valero, la atribución exclusiva para que vuelva a vender a un tercero los mismos terrenos. El documento otorga los derechos para la venta de los predios y sus respectivos derechos de agua, ya sea a un mismo comprador o a distintos actores en forma simultánea.
La condición era concretar la operación dentro de un año y por un monto no menor a $14.700 millones (600 mil UF). El mayor precio se explica por el cambio de suelo que se esperaba para la zona, y que en estos momentos se encuentra paralizado luego que estallara el caso Caval a inicios de febrero.
¿Qué ganaba Valero? El documento de 11 páginas citado por Qué Pasa establece una utilidad de un 26% para la firma de Valero. En el peor de los casos, la ganancia para el socio de Compagnon sería de $1.300 millones más en 2015. El documento suscribe que la firma "sólo podrá ceder el presente contrato a otra sociedad representada y controlada por Mauricio Guillermo Valero Illanes". La única sociedad que posee Valero es Caval.
Durante ese plazo de un año la empresa de Hugo Silva se comprometía a "abstenerse" a realizar gestiones tendientes a la venta de los terrenos. A partir de 2016, el acuerdo permitía al empresario de O'Higgins gestionar la venta de los terrenos a través de otras empresas o incluso a través de Valero. En caso de que se concretara esto último, la comisión bajaba a un 15% sobre la diferencia entre el precio que pagó Silva por los predios y el monto final de la operación.