Cerca de US$ 2.000 millones adicionales de recaudación aportaría, a contar de 2018, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y el paso a un sistema impositivo sobre base devengada propuestos en el proyecto de reforma tributaria. En éste, los dueños y socios de empresas pagarán impuestos por el total de las utilidades que se les atribuyan por  las firmas donde participan, independiente de si las retiran o no.

En cambio, el régimen vigente hasta ahora -de base retirada- señala que una vez que la compañía paga el impuesto de primera categoría (20%) por el total de las utilidades de un año, las ganancias restantes sólo son gravadas -a diferencia de los trabajadores dependientes, que tributan sobre el total de sus rentas o sueldos-, en caso de que sean retiradas por los dueños. Si se destinan a ahorro o reinversión en la compañía, postergan sus impuestos y se contabilizan en el mencionado FUT.

El gobierno, empresarios y expertos coinciden en que se trata de un cambio estructural al sistema tributario chileno. Pero en lo que no están de acuerdo es en los efectos de esta modificación.

La autoridad asegura que el nuevo régimen contribuye a la equidad, al igualar la tributación del trabajo y el capital, aumenta la progresividad del sistema (quienes tienen más pagarán más) y termina con la elusión en el FUT, que acumula unos US$ 280 mil millones. Desde el sector privado aseguran, en contraste, que se afectará la inversión de las empresas, que deberán elevar su endeudamiento para estos fines. Finalmente, los expertos alertan sobre las dificultades operativas para poner en práctica la atribución de rentas entre distintas sociedades relacionadas y discuten sobre la constitucionalidad de gravar ganancias sin necesariamente ser percibidas.

ALTERNATIVA

Es en este contexto que la opción de desintegrar el sistema tributario (el impuesto a la renta) es vista con buenos ojos por algunos especialistas, que coinciden en que permitiría cumplir con los objetivos de recaudación, sin afectar la inversión, y con  menores complejidades de implementación. ¿Qué significa desintegrar el sistema tributario? Desvincular la tributación del impuesto a la renta que pagan las empresas por el total de utilidades, del que afecta a sus dueños por los dividendos que retiran.

Hoy, en cambio, el sistema es integrado. El impuesto de primera categoría (20%) pagado por una compañía opera como crédito del  global complementario (tasa de 0% a 40%), que pagan los socios por las ganancias que retiran.

Aunque el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, admitió que la desintegración del sistema tributario estuvo dentro de las alternativas consideradas inicialmente, afirmó que fue desechada por dos razones: el sistema integrado sería más progresivo, al gravar con un impuesto creciente las rentas del capital; y la desintegración implicaba cambios estructurales de mucha mayor complejidad.

Esta alternativa ha sido planteada, entre otros, por el ex vicepresidente del Banco Central Manuel Marfán, quien propuso un impuesto único a las empresas de 25% más uno de 15% a los dividendos, y economistas como Gonzalo Sanhueza -que plantea un gravamen de 5% a los dividendos-, y Eduardo Engel (ver nota secundaria).

Para los expertos tributarios, la desintegración es una alternativa con importantes ventajas.

"Es un sistema simple y fácil de implementar. Además, tiene un incentivo a la inversión en cuanto las utilidades no distribuidas no pagan el impuesto a los dividendos o utilidades, que en todo caso depende de la tasa adicional que se fije al pago de dividendos o utilidades", dice Rodrigo Benítez, socio Tax & Legal de BDO. En todo caso, también advierte algunas desventajas. "Puede generar problemas en la distribución del ingreso, pues se aplica también a personas de bajos ingresos que no podrán solicitar devolución de impuestos", afirma.

Coincide Carlos Muñoz Saravia, socio de consultoría tributaria de EY. "El sistema sólo podría ser desintegrado para grandes empresas, cuyos dueños, socios o accionistas alcancen una tasa de impuesto global complementario superior a la tasa de primera categoría. Para pequeñas empresas, el sistema debe seguir siendo integrado, para que el socio o accionista pueda recuperar parte o todo el crédito por primera categoría"

Para Felipe Ecclefield, experto tributario del estudio Aguayo, Ecclefield y Martínez, la principal ventaja de la desintegración "es que evita dejar a la empresa con una caja disminuida a fin de enfrentar imprevistos. Además, no se afectan de gran manera las posibles inversiones que deba asumir la empresa para su crecimiento, evitando el apalancamiento excesivo con instituciones financieras".

La principal desventaja, dicen los expertos, es una mayor regresividad, pues al fijarse un impuesto único a los dividendos se trata a  todos los accionistas por igual, independiente de sus ingresos.