Uno de los puntos centrales de la propuesta del ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, para solucionar el conflicto en dicha región es que Chile se reconozca como plurinacional. Es decir, que se asuma que "está compuesto por numerosos pueblos y por ende debe cambiar la estructura de su Estado".
Pero, ¿qué significa ser un Estado Plurinacional? En sudamérica hay dos casos claros, que sin embargo no son tomados directamente como ejemplos en la propuesta de Huenchumilla. Estos son Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia), y Ecuador, que en la Constitución de 2008 se declara como un "Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada".
La idea es dar autodeterminación a los pueblos y hacerlos partícipes de las decisiones del Estado, así como reconocer las lenguas propias y las tradiciones de cada etnia.
En el documento de Huenchumilla se hace referencia a los ejemplos de países como Nueva Zelandia, donde la etnia Maorí tiene en su poder algunas extensiones de tierra considerada ancestral y es administradora de los recursos que entrega, tal como propone el ex intendente para la Región de La Araucanía al señalar que las tierras deben ser devueltas a los mapuche para que la administren.
El ex intendente además pone como ejemplo a Noruega, Canadá y Bélgica. Países desarrollados que han logrado incluir a los pueblos indígenas en sus administraciones y formas de gobierno sin que esto termine con el Estado.
Según indica Francisco Huenchumilla en su documento, "un acto de esta naturaleza significa reconocer a los pueblos indígenas como actores y sujetos de derechos colectivos e incorporarlos como tales en la nueva estructura del Estado a nivel constitucional. Estos derechos colectivos están establecidos, muchos de ellos, en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes", haciendo referencia así al Convenio 169 de la OIT, en el cual se establece "la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten".
