Recientemente, el Banco Central informó que la deuda de los hogares chilenos alcanzó un nuevo récord histórico, prácticamente llegando al 70% de su ingreso disponible, situación que no es indiferente al ciclo de la economía.
De hecho, expertos aseguran que el estrés financiero generado por el contexto macroeconómico de los últimos años tuvo una repercusión importante en el número de personas que se acercó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) para solicitar un procedimiento de quiebra, o la liquidación de sus bienes.
Solo entre 2016 y 2017, el número de personas deudoras que accedió al procedimiento concursal de liquidación de bienes se disparó un 81%, alcanzando 2.085 casos atendidos, en línea con la profundización de la desaceleración económica y el deterioro del mercado laboral. Además, la Superir informó que la deuda promedio de quienes accedieron al procedimiento fue de $ 32.270.231.
Por otra parte, en una etapa previa, 1.177 personas aprovecharon el procedimiento de renegociación de la deuda con sus acreedores en 2017 (alza de 25% frente a 2016), con un pasivo promedio de $ 23.402.645. (Ver infografía).
Con todo, el Superintendente de Reemprendimiento e Insolvencia, Hugo Sánchez, quien cumplió en diciembre pasado un año al mando de la institución, no ve una causal directa entre el ciclo de desaceleración y el incremento de los procedimientos de quiebra.
"No podemos concluir que el mayor o menor crecimiento tenga efecto en su uso, de hecho, independiente de la tasa de crecimiento de la economía, todos los procedimientos han crecido de manera constante desde que la Ley entró en vigencia", sostuvo Sánchez, explicando que el aumento de las quiebras y renegociaciones de personas y empresas se debe a una mayor difusión de la nueva normativa que rige desde fines de 2014.
"Es una ley aún muy nueva, tenemos poco más de tres periodos de información para análisis (...)no se ha llegado a una total maduración del sistema, que es de cinco años como indica la práctica en la curva de maduración en la legislación comparada", recalcó Sánchez.
De hecho, el Superintendente evaluó positivamente el uso del nuevo procedimiento, planteando que "hemos hecho un gran esfuerzo de difusión para que las empresas y personas miren la insolvencia no como algo negativo, sino como una oportunidad para enfrentar una situación de sobreendeudamiento, utilizando las vías formales de solución y así volver a emprender".
Al contrario, uno de los ideólogos de la nueva ley de quiebras, el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, aseguró que "el bajo crecimiento observado en los últimos cuatro años aceleró la utilización del procedimiento de quiebra y reorganización", si bien sostuvo que "en la medida que la economía se recupere durante el presente año dicha utilización se moderará".
Coincidiendo, Alejandro Arriagada, director legal de Hermann Consultores -quien también acompañó la tramitación de la ley de quiebras- indicó que si bien "hay un proceso de aprendizaje de las personas de los procedimientos, y también de operadores de mercado para usar estos productos", sostuvo que "el ciclo economico sí influyó, sobre todo en el caso de las personas, y en ese sentido es probable que se estabilice con el crecimiento más dinámico que se espera hacia adelante".
En tanto, desde el mercado, Ricardo Ibáñez, abogado de Defensadeudores.cl, indicó que el uso del procedimiento para personas aumentó porque "la realidad económica del país así lo exige", recordando que "más de 4.380.000 chilenos están en Dicom", si bien reconoció que la educación financiera "ha ayudado a desmitificar el concepto de endeudamiento y se ha dejado de ver al deudor como una persona irresponsable y carente de valores sino que se entiende que su situación se debe a una circunstancia de la vida a la que la gente involuntariamente se ve enfrentada".
Quiebra de empresas
No solo las personas naturales vieron un incremento relevante de las quiebras y renegociaciones en 2017, ya que las empresas del país anotaron un récord el año pasado al llegar a 1.009 procedimientos de insolvencia. Esto, tras aumentar las quiebras en 40,3% frente a 2016, mientras que los procesos de reorganización empresariales llegaron a 38.
En este caso, aunque las cifras pueden parecer menores, el titular de la Superir remarcó que con la antigua ley (previo a septiembre de 2014) se realizaban solo 140 quiebras promedio anual, mientras que el promedio de convenios entre deudores y acreedores solo alcanzaban 11 como promedio al año. Respecto a los montos de deuda por procedimientos de las empresas, la Superir calculó un promedio de $ 285.626.179 para la liquidación de activos, y de $ 5.460,4 millones (US$ 9 millones) en los procesos de reorganización de compañías deudoras.
Además, Sánchez indicó que los tiempos que demoran los procedimientos han caído de manera relevante, pasando de 4,5 años promedio con la antigua ley, a menos de un año para la liquidación de bienes, mientras que la renegociación para personas deudoras, y la reorganización de empresas, tardan 3,5 y 4 meses, respectivamente.
Viendo oportunidades para mejorar la normativa, Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, planteó que "una gran empresa tiene el mismo tratamiento en la ley que una micro empresa y, más insólito aún, tiene el mismo tratamiento que una persona que emitió una boleta de honorarios en los últimos 24 meses, pues esta persona natural es considerada empresa por ese solo hecho". Por lo mismo, sostuvo que "una de las más urgentes mejoras que requiere esta ley es distinguir entre tamaños de empresa, lo que permitiría a las pymes viables un mayor acceso a este procedimiento como una solución a su problema de insolvencia".
