Quién es el hombre tras el escándalo por las acreditaciones

EN LAS OFICINAS del Servicio de Paz y Justicia, en 1976, Domingo Namuncura -quien posteriormente sería uno de los fundadores del PPD- recibió una extraña visita. Un hombre llegó para avisarle que el "compañero Ignacio Cienfuegos", secretario general de la Izquierda Cristiana (IC) en la clandestinidad, quería hablar con él.

"Yo le dije, ¿pero cómo, sigue funcionando?", recuerda Namuncura, quien días más tarde fue subido a un vehículo que tras dar varias vueltas para evadir cualquier vigilancia, lo dejó en una casa de seguridad. "Al llegar me sientan en el living y desde las escaleras veo bajar a Ignacio Cienfuegos, quien en realidad era Luis Eugenio Díaz, a quien conocía desde comienzo de los 70'", rememora el dirigente PPD.

Hoy, más de 30 años después de ese episodio, quien fuera un activo defensor de los DD.HH. y dirigente de oposición en la clandestinidad, enfrenta un juicio emblemático en el debate por la crisis del sistema de acreditación en Chile. El pasado 24 de noviembre, la fiscalía formalizó a Luis Eugenio Díaz (69, casado, tres hijas) por cohecho y lavado de activos, delitos que se le acusa haber cometido mientras fue presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entre abril de 2010 y enero de 2012. En ese período, Díaz recibió cerca de $ 290 millones por supuestas asesorías a varias universidades que estaban tramitando su acreditación.

La investigación, por la que también están en prisión preventiva el ex rector y dueño de la U. del Mar, Héctor Zúñiga, y el ex rector y dueño de la U. Pedro de Valdivia (UPV), Angel Maulén, ha destruido la credibilidad del sistema que certifica la calidad de las instituciones de educación superior. La certificación permite a las casas de estudio privadas recibir a alumnos con Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que aumenta sus ingresos por aranceles y matrículas.

Las principales pruebas de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Fiscalía de Ñuñoa, corresponden a una decena de correos electrónicos que develaron la forma en que Díaz actuaba. En ellos, el abogado pedía favores, ofrecía asesorías y filtraba información confidencial de la CNA a rectores y dueños de universidades privadas.

En paralelo, esta semana se conocieron cinco correos en los que Díaz le pedía favores al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en los meses anteriores a la acreditación de la Universidad Autónoma, de la cual el ministro es socio. También se descubrió que Ribera recomendó y autorizó la contratación del ex presidente de la CNA como asesor de Gendarmería en noviembre de 2011, período en que el instituto profesional Incacea -del cual Ribera posee un 7,5%- estaba tramitando su acreditación. Con ello, la investigación también salpicó al gobierno y complicó al ministro.

Luis Eugenio Díaz nació en Constitución en 1943 en una familia de clase media con cinco hermanos. Su padre era un empleado municipal y su madre, hoy de 97 años, una profesora normalista. Estudió en la Escuela Pública de esa comuna hasta tercero básico, momento en que dejó su hogar y se trasladó al Colegio Blanco Encalada de Talca. Allí destacó en el básquetbol y vivió con sus padrinos, una pareja de abogados.

En 1959, Díaz llegó a Santiago a vivir en el Instituto Berlamino -un pensionado para jóvenes de provincia- e ingresó a estudiar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde coincidió, entre otros, con Jaime Ravinet. "El iba cuatro años más avanzado que yo, pero recuerdo que era una persona muy cristiana", afirma Ravinet. En su entorno reafirman esta información y agregan que era de misa diaria. Las mismas fuentes sostienen que participó en la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (Fech) y que fue ayudante de Francisco Cumplido y Máximo Pacheco.

Otras personas que lo conocieron en esa época afirman que entre sus amigos estaban el juez ad hoc de Chile en La Haya, Francisco Orrego Vicuña; y el subsecretario de OO.PP. de Ricardo Lagos, Juan Enrique Miquel.

El término de sus estudios, a fines de los 60, coincidió con el inicio de la etapa más política de Díaz. "El fue uno de los fundadores de la IC. Venía de la DC y comenzó a trabajar en la creación del partido -en 1971- junto a Luis Maira y Rafael Agustín Gumucio, entre otros", asegura el diputado Sergio Aguiló (MAIZ), quien fue parte de ese grupo.

Tras el golpe de Estado, el ex presidente de la CNA asumió la conducción clandestina del conglomerado. "El partido le pidió que se quedara en Chile. El no dudó en cumplir la misión. Entendía que su bajo perfil hacía que no corriera riesgos", rememora Aguiló.

Pero sus labores en la IC en dictadura tuvieron un costo en 1981. La Central Nacional de Informaciones (CNI) lo detuvo junto a otros 10 dirigentes. Díaz fue torturado y estuvo en prisión tras ser condenado por asociación ilícita, proceso en el que fue defendido por Gustavo Villalobos, entonces abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Según Namuncura, quien estuvo con Díaz los cinco meses que permanecieron detenidos en la Cárcel Pública, el abogado ayudó a otros reos en temas legales. Allí, también coincidió con el sindicalista Manuel Bustos (DC), quien fue clave para que Díaz mejorara sus condiciones carcelarias.

En lo laboral, desde el inicio de su carrera el abogado colaboró con movimientos sindicales. Tras ser liberado, siguió con las labores clandestinas de la IC, y se acercó a la Corporación de Investigación y Asesoría Sindical (Ciasi), donde conoció a Enrique Correa, Ricardo Solari y al sacerdote Alfonso Baeza. En ese mundo también se vinculó al Comando Nacional de Trabajadores, ayudando a formar la Central Unitaria de Trabajadores.

En 1988 Díaz ingresó al PPD junto a Sergio Bitar e inició una serie de asesorías en el gobierno. Primero en un programa de la Corfo (1995) que lo llevó a perfeccionarse en aseguramiento de la calidad de la educación en Japón. Ese sería el inicio de un recorrido que contempló asesorías en el Registro Civil (2004), la Direcon (2005), el Sernam, el SAG (2005) y Educación (2009). Todos contratos a honorarios por plazos de dos a cuatro meses, y con pagos máximos de $ 2 millones mensuales. En 2008 fundó el Instituto de DD.HH. y asumió como director, cargo al que renunció en marzo por "razones personales". Las denuncias en su contra ya eran públicas.

En el mundo de la educación privada, el Uniacc fue el primer lugar donde Díaz aterrizó en 2006. Según él mismo declaró a los fiscales, asumió como subdirector de la Escuela de Derecho. Fue en esa época cuando -según su relato- el entonces dueño de la entidad, Andrés Guillof, le propuso la idea de ser uno de los dos representantes de las universidades privadas en la recién creada CNA.

La entidad, cuyo objetivo es certificar la calidad de las instituciones y sus carreras, está compuesta por 15 miembros: el presidente es nombrado por el Presidente de la República, tres académicos designados por el Consejo de Rectores (Cruch), dos académicos designados por las universidades privadas, uno por los Institutos Profesionales y otro por los Centros de Formación Técnica, dos por el Conicyt y dos por las federaciones de estudiantes.

En abril de 2010, Díaz asumió como presidente interino de la CNA. Desde ese momento, comentan sus cercanos, el abogado inició el período de mayores asesorías a las universidades y un camino sin retorno en las relaciones con los rectores, sus mandantes y a la vez evaluados, a quienes terminó asesorando y pidiendo todo tipo de favores personales.

Las primeras sospechas de que algo andaba mal surgieron al interior de la CNA. "En el año 2008 (...) se adoptó el acuerdo de que si la institución se encontraba realizando algún proceso de acreditación, toda la vinculación con la institución se canalizaría a través del Secretario Ejecutivo. (...) Como los comisionados son los que toman decisiones de acreditación, tienen que estar lo más limpios de subjetividades posibles", declaró la ex secretaria ejecutiva de la CNA, Andrea Aedo. Sin embargo, Díaz no respetó ese acuerdo y era frecuente verlo almorzar con las autoridades de los planteles que debía luego evaluar.

"Recuerdo específicamente con la Universidad Gabriela Mistral (UGM) en que asistió a tres almuerzos con la rectora (Alicia) Romo (...) Yo le indiqué que (...) la UGM ya había enviado la carta informando el inicio del proceso. Sin embargo, desoyó mis palabras y concurrió igual. Creo que lo mismo ocurrió con la Universidad Autónoma. (...) En una ocasión concurrí al restaurante Squadritto y me encontré con Díaz almorzando con el rector de la UC del Norte (UCN) (...). Tras ello, le dije que la UCN estaba en proceso y él delante de las secretarias me gritoneó", agrega Aedo.

Díaz iba a todas las sesiones de la comisión, hablaba fuerte y dirimió muchas acreditaciones gracias a su voto de presidente (que resuelve en caso de empate). Según los registros, mientras estuvo a cargo de la CNA no se rechazó ninguna acreditación de todas las que se solicitaron, incluidas las de la Universidad del Mar, SEK y UPV, procesos en los que habría recibido pagos paralelos que hoy lo tienen detenido.

Tras iniciar sus investigaciones, los fiscales Gajardo y Norambuena tuvieron acceso a las cuentas de correos de Díaz, donde aparecieron gran cantidad de mails con las máximas autoridades de diversos planteles. En ellos Díaz explicita a los rectores que sus servicios eran imprescindibles para obtener la acreditación, y define los montos a pagar.

"El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $ 70 millones a todo evento y de $ 30 millones adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por cuatro años", escribió Díaz en enero del 2010 a Herman Schwarz, presidente del grupo Apolo (controlador de Uniacc) en Chile.

"Ciertamente debo inhibirme cuando se trate la acreditación de la SEK, pero comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté", señaló Díaz al entonces rector de la SEK, José Enrique Schroder, el 19 de julio de 2011, cinco meses antes de que se votara la acreditación de esa casa de estudios.

En público, Díaz las hacía de defensor de las privadas en cada sesión de la CNA: "usaba su rol de presidente para poner el foco en determinados asuntos y pasar por alto otros. (...) En general había un sesgo positivo hacia las instituciones privadas", dijo a los fiscales María Elena González, representante del Cruch.

Díaz trabajó para la Universidad Andrés Bello entre 2009 y 2011. Por ese trabajo, que fue contratado por el rector de la época, Rolando Kelly, se pagaron a su sociedad Gestión Ltda. $ 3,8 millones mensuales hasta marzo de 2011, período en el que no se revisó la acreditación de la universidad, pero sí la de otras entidades ligadas al grupo Laureate.

En el caso de la U. del Mar está formalizado por haber firmado un contrato en el que se establece un pago de $ 60 millones a todo evento, más un bono que dependía de la acreditación: $ 15 millones por dos años, $ 25 por tres años y $ 45 por cuatro años.

En la U. Pedro de Valdivia no existió un contrato escrito, pero Díaz cobró $ 50 millones por una asesoría de aseguramiento de calidad entre febrero y noviembre de 2011. Para los fiscales, este contrato fue el pago por la acreditación de la UPV de diciembre de 2010.

En el caso de la SEK, Díaz nunca fue contratado, pero sí una sobrina que él sugirió. Esto, se suma a la filtración hacia el plantel de antecedentes relevantes para su acreditación.

En medio de las indagatorias, la fiscalía también ordenó incautar los computadores de todos los rectores de las universidades que aparecen en los correos de Díaz. Entre ellos figuran Zúñiga, Maulén, Schroder, Kelly, Jorge Segovia, controlador de la SEK, y Jorge Selume, director regional del grupo Laureate.

Según sus cercanos, cuando el caso estalló públicamente y comenzaron las indagaciones, Díaz se mostró seguro y confiado en que el caso no pasaría a mayores. Pero se equivocó. En privado, ha dicho que nunca se sintió un empleado público, si no más bien uno particular. "Es un correo que me avergüenza y no podía creer haber dicho esto cuando lo encontré". "No sé por qué lo hice", fueron sus descargos ante el fiscal.