¿Quién está detrás del robo de madera?

Algunas veces, con pacientes graves, que necesitan diálisis urgentes, el personal de la ambulancia ha tenido que estar largo rato en la carretera pidiendo que, por favor, los dejen pasar al Hospital de Cañete. Hasta ahora los han dejado, pero es una situación muy insegura", cuenta la tecnóloga médica Sandra Ibarra, directora (S) del Cesfam (consultorio) de Tirúa, a 212 kilómetros de Concepción.

Son días complicados para esta comuna, de 11 mil habitantes y ubicada en el recodo sur de la Región del Biobío. Durante el último mes, el tránsito por la Ruta P-70, que cubre los 70 kilómetros que la unen hacia el norte, hasta Cañete, ha sido cortado en al menos ocho oportunidades por grupos de desconocidos que, organizados y premunidos de motosierras, cortan árboles y los dejan atravesados en el camino. También se han registrado fogatas y enfrentamientos con Carabineros. El 4 de octubre ocurrió el más violento, que dejó a 14 efectivos policiales lesionados.

El intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, fue claro el pasado miércoles: "Hemos tenidos problemas con grupos reducidos y organizados que tienen una vinculación con el negocio del robo de madera. Ellos son los que han generado incidentes". Y agregó que estas cédulas encubren sus acciones "con un manto de reivindicaciones étnicas".

MILLONES EN EXPORTACIÓN

Según cifras de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), asociación gremial que agrupa a más de 150 actores del sector forestal, Chile produce anualmente 7.160 millones de metros cúbicos de madera aserrada, de los cuales 4.022 (56,1%) corresponden a la Región del Biobío. En cuanto al avalúo, las exportaciones forestales anuales del país ascienden a US$ 5.714 millones. De ellos, US$ 3.641 provienen de la VIII Región (63,7%).

Para Fernando Raga, presidente de Corma, el tema no es nuevo. "Hay delitos desde 1993 e incluso antes. Hace mucho tiempo que se roba madera. No es un problema de esta semana (...) ahora, sin embargo, se produjo un estallido, porque los personajes que se dedican a esto ven cierta impunidad y se van envalentonando. Cada vez hay más audacia", dice.

En cuanto a los autores, agrega que "es difícil culpar, no tengo antecedentes. Nuestra impresión es que los involucrados son mixtos, de todo, gente mapuche y gente no mapuche".

Tirúa y Cañete están rodeados de bosques, fundamentalmente de pino y eucalipto. Las copas  verdes literalmente se pierden en el horizonte. "Es imposible controlar a todo el que se interne allí", reconoce una fuente policial. El circuito legal del negocio exige que cada predio del bosque esté acreditado por la Conaf y el SII para su tala, con diferentes códigos y roles que los camioneros que salen a la carretera, rumbo a las forestales, deben llevar en una guía de despacho. Eso es fiscalizado por Carabineros. Pero no ocurre lo mismo en las decenas de caminos rurales interiores.

"Un camión de madera, con acoplado, puede hacer 18 metros ruma, que es la medida que se utiliza para contabilizar la carga. Y el metro ruma de eucalipto -descortezado- se vende entre $ 35.000 y $ 42.000. Pero hay intermediarios que, en forma oculta, compran el mismo metro ruma, pero de madera robada, o sea, sin papeles legales, en $ 15.000 o $ 20.000", explica un camionero, microempresario del rubro, quien, por razones de seguridad, pide no publicar su nombre.

Algo similar expresa un dueño de un pequeño aserradero junto a la Ruta P-70. "Todo el mundo sabe que esto ocurre. Yo pago $ 10.000 por algunas horas de trabajo en mi negocio, pero ya nadie quiere venir, porque cortar madera a la mala y venderla deja mucho más. El robo de madera es más rentable. Muchos camiones, por ejemplo, agrandan su carga con madera robada, que les sale más barata que ir a cortarla. Y a los que la roban, con dos o tres camiones al día se pueden hacer más de $ 900 mil", detalla.

Humberto Toro, gobernador de Arauco, sostiene que "este delito viene desde hace años y tiene varias formas. Una de las usadas es blanquear la madera robada, mezclándola con la producción de predios legales. Por eso, se han afinado las fiscalizaciones". Agrega que "es un delito sumamente importante. Hay meses en que pueden circular más de 100 camiones con madera robada". Esto implicaría sumas cercanas a los $ 30 millones por esta vía.

Sobre los autores, dice que "nuestras sospechas están en grupos antisistema, no en los mapuches. Hay que separar las cosas. Cuando ellos cortan caminos, uno ve comuneros a rostro descubierto reclamando sus derechos. Con ellos hay diálogo. Ultimanente, lo que se ve es otra cosa: encapuchados muy agresivos que no argumentan nada".

Corma dijo no tener estimaciones de las pérdidas del sector. La Forestal Volterra, una de las afectadas, declinó referirse al tema.

INSEGURIDAD

El daño colateral de este delito parecen ser los disturbios en la carretera. "Hay veces que no tenemos clases, porque ni alumnos ni profesores pueden llegar. Siempre estamos con ese miedo encima", cuenta Luis Jorquera, director de la Escuela Galvarino F-839, ubicada en medio de la ruta.

En Tirúa, Herminda de la Vega, dueña del restaurante Docarmo, está pensando en cerrar. "Hay días en que quedamos aislados, sin clientes ni insumos. Así no se puede seguir", relata preocupada.

Ana Liempi, presidenta del grupo Rayén Malén, de la misma localidad, subraya que "las forestales se llenan de plata, pero las tierras nos pertenecen a los mapuches. No nos podemos robar a nosotros mismos. No tenemos nada que ver con esta situación". Adolf Millabur, alcalde de Tirúa, también destaca que "aquí hay nueve comunidades que recibieron tierras, con árboles, de la Conadi. Pero ahora, las grandes empresas no se los quieren comprar. De allí su enojo. Es un problema muy entendible y en el cual estamos trabajando".

Por ahora, la gente de la Ruta P-70 sigue durmiendo sin saber si al día siguiente podrá desplazarse al hospital o a su trabajo. El camino es una incógnita. Y los rostros tras el robo de madera también.