"La infancia en Chile sigue siendo la población más vulnerada y empobrecida y esta situación no está cambiando a medida que pasan los años", enfatiza Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), entidad certificada por la ONU que desde 1991 busca promover iniciativas que garanticen derechos a los niños y adolescentes en el país. La organización es una de las cuatro instituciones patrocinantes del Informe Infancia Cuenta 2016, elaborado por el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, que analizó los datos de la reciente encuesta Casen 2015 y otras estadísticas sectoriales para generar una radiografía de la situación de la niñez en el país.
Y los datos no son alentadores: uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional, es decir, sus familias tienen bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de acceso a redes familiares y sociales. Asimismo, un 18,2% de los menores de edad vive en pobreza por ingresos y el 5,3% en situación de indigencia. Además, el 22,7% reside en hogares con alto nivel de hacinamiento (ver infografía).
Pese a que la pobreza en el país ha disminuido considerablemente en la última década, son los menores de edad y particularmente los niños de entre cero y tres años quienes lideran el índice de carencia económica. "Este es un problema de segregación que afecta particularmente a la primera infancia. El Estado no ha enfrentado las causas que permitan acortar la brecha", añade Valverde.
Por otra parte, los indicadores en ámbitos de educación, salud y violencia también muestran "graves vulneraciones", explica el sociólogo y coordinador de estudios del Observatorio, Nicolás Contreras. "Existe una baja tasa de matrícula en establecimientos educacionales entre los menores en edad preescolar, una alta tasa de sobrepeso en los niños de hasta nueve años, además de una alta tasa de suicidio en adolescentes. Y también vemos una prevalencia preocupante de la violencia. Las tasas de denuncias por violencia intrafamiliar o por abuso sexual son altas en comparación con otros países y sabemos que están subestimadas, ya que los que denuncian son sólo una parte de quienes viven en estas vulneraciones", añade.
Además, el reporte devela la presencia de violencia al interior de las escuelas, a partir de las respuestas que entregaron los alumnos de segundo medio en la encuesta del Simce de 2014. "Más de la mitad se ha sentido discriminado, ya sea por su aspecto físico, su personalidad o sus notas, y cerca del 41% de los hombres afirma haber sufrido maltrato en sus colegios", explica Contreras.
"En conclusión, vemos que existe una vulneración de derechos en muchos ámbitos de la niñez y no encontramos las políticas públicas que se hagan cargo de esto", apunta el sociólogo.
El Informe Infancia Cuenta es realizado por cuarto año consecutivo por el Observatorio, ente autónomo en el que participan representantes de Achnu, el diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la U. de Chile, la Fundación Maristas para la Solidaridad Internacional y la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Central.
Rol del Estado
Según distintos especialistas, las acciones del Estado han sido "insuficientes" para acortar las brechas en materia de pobreza y vulnerabilidad.
"En los últimos 30 años se han tenido avances tímidos en las políticas especializadas, ya que no existe una preocupación prioritaria por diseñar políticas que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo los niños migrantes y de pueblos indígenas y no sólo los que han sido vulnerados", afirma Dimas Santibáñez, coordinador académico del diplomado Niñez y Políticas Públicas de la U. de Chile.
"Ha sido la sociedad civil la que ha estado presionando por cambiar esta situación y el gobierno se ha propuesto avanzar en el tema, pero los proyectos que se debaten hoy no representan un cambio sustancial en la política", agrega.
Desde 2015, el Ejecutivo ha enviado al Congreso tres proyectos de ley en materia de infancia. El primero es la Ley de Sistema de Garantías de la Niñez, que establece un marco para la protección de los derechos de los menores y que se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia. Asimismo, la iniciativa que crea la defensoría de la niñez fue aprobada en general por el Senado a fines de agosto pasado. Finalmente, el que crea la subsecretaría de la niñez, en el Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra con suma urgencia en la Comisión de Gobierno del Senado.
Para Achnu, esta nueva legislación podría ser un avance ya que, a juicio de Valverde, "no sirven los programas sectoriales dispersos, sino que se deben coordinar bajo una ley de garantías. Actualmente, los programas para la niñez a nivel local están mayormente ejecutados por los organismos colaboradores del Sename y estos no tienen gran alcance".
A juicio de la diputada Marcela Hernando (PR), integrante de la comisión investigadora de la Cámara, "en las leyes que se han creado hay una declaración de intenciones, pero no existe una acción que asegure el cumplimiento de los derechos como el acceso a 12 años de educación, o a educación preescolar o a la salud (...) El Estado ha maltratado históricamente a los niños y la vulneración de derechos se puede observar en todas las clases sociales".
Para la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), integrante de la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley sobre esta materia, relacionados con los niños, niñas y adolescentes, el país "ha avanzado en los últimos 25 años, pero aún se requieren modificaciones e invertir recursos, especialmente en los niños que están más vulnerables y tener políticas para evitar la deserción escolar, acoger a los niños que tienen problemas conductuales, los que tienen adicción a drogas y eso requiere recursos".
Para los especialistas, avanzar en materia de cumplimiento de los derechos de los niños es fundamental. "Cuando en la infancia temprana se vive una pobreza multidimensional, las posibilidades que tiene ese niño de desarrollar el máximo de sus potencialidades están limitadas y eso sólo perpetúa las condiciones de desigualdad", agrega Santibañez.
El Consejo de la Infancia, entidad del Ejecutivo que elabora y coordina las políticas públicas en materia de menores, fue consultado, pero declinó contestar a la espera de las cifras oficiales de la Encuesta Casen 2015.
