La tensión aumentó ayer entre Madrid y Cataluña al impugnar el gobierno español la investidura anunciada para el martes como presidente catalán de Carles Puigdemont, huido de la justicia española, tras lo que el Parlamento catalán mantuvo su candidatura y exigió "respeto al voto de los catalanes".
El gobierno presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta del presidente del Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a la investidura fijada para el próximo martes.
El Tribunal Constitucional se reunirá hoy para decidir si admite el recurso del gobierno, lo que podría suspender la sesión de investidura.
Hasta ahora Puigdemont no ha descartado asistir de forma presencial a la investidura, aunque también baraja su investidura por vía telemática desde Bruselas o por delegación de voto.
El ejecutivo de Mariano Rajoy utiliza "todos los procedimientos" para evitar que Puigdemont sea investido presidente, dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar la impugnación.
"Está pretendiendo ser investido una persona que no se somete a la justicia y por tanto sigue vulnerando la ley", dijo la vicepresidenta, que instó al presidente del Parlamento catalán a proponer otro candidato, que no sea el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre.
Puigdemont se encuentra en Bruselas huido de la justicia española, que ha emitido una orden de busca y captura contra él por un delito de rebelión por haber declarado la independencia de Cataluña el 27 de octubre.
"Puigdemont primero tiene que rendir cuentas ante la justicia Su primera obligación si viene a España es acudir al Tribunal Supremo, no está en condiciones de presentarse como candidato", añadió Sáenz de Santamaría.
Tras el anuncio de impugnación, desde Cataluña, el presidente de su Parlamento mantuvo a Puigdemont como candidato a la presidencia. Con la impugnación anunciada por Madrid "está diciendo a los catalanes que no han votado bien", afirmó Torrent, que exigió "respeto a su voluntad".
La impugnación "no tiene ningún fundamento jurídico. La impugnación es un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña y contra los diputados y la democracia parlamentaria", añadió Torrent, que consideró una "irresponsabilidad usar los tribunales para ganar lo que no se ganó en las urnas".
Puigdemont fue cesado por el gobierno español, junto al resto de su gabinete, tras la aprobación por el Parlamento regional de una declaración ilegal de independencia el pasado 27 de octubre, lo que llevó asimismo a la disolución de esa Cámara y a la convocatoria de comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.
Los partidos independentistas revalidaron su mayoría absoluta en esas elecciones y el Partido Popular (PP) de Rajoy fue la fuerza política menos votada.
