En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca decidió ratificar la cuarta condena al Estado en demanda civil por indemnización de daño moral, a favor de tres víctimas de la caída del puente Loncomilla, ocurrida el 18 de noviembre del año 2004 en la comuna de San Javier.
En este caso específico, las víctimas corresponden a Ruby Torres, Gloria Valeska y Pablo Astudillo, a quienes en primera instancia el juez del Tercer Juzgado de Letras de Talca, Alvaro Saavedra, les había otorgado una indemnización individual por $100 millones. La cifra era concordante con otra acción legal similar resuelta en el mismo tribunal.
Pero la Corte de Talca, en un criterio prácticamente unificado en sus distintas salas, resolvió en todos los casos otorgar montos individuales entre los $20 a $30 millones. Sólo en este cuarto caso, una de las víctimas recibió apenas un millón de pesos.
De hecho, al primer grupo de víctimas se les habían otorgado apenas $15 millones y, a otro, una cifra incluso inferior, montos que fueron elevados por la Corte. Pero en los dos últimos, donde las sentencias originales eran por $100 millones, las cifras se rebajaron sustantivamente.
En estos términos, si bien se evaluaron diversas fórmulas de transacciones entre los demandantes y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ello no ocurrió y las anteriores causas civiles fueron objeto de recursos de casación ante la Corte Suprema. Según informaciones del diario El Centro, la cuarta sentencia, según estimaciones extraoficiales, podría seguir el mismo camino.
Un dato anexo es que, en materia penal, la investigación por la caída del puente estuvo radicada por largo tiempo en la fiscalía de San Javier, siendo luego derivada por incompetencia a un juzgado del crimen de Santiago. En dichas pesquisas se interrogó a altas ex autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero nadie tuvo calidad de imputado.
