Un estruendo, fuego, esquirlas y 29 lesionados. Es el resumen de lo que pasó el mediodía del 8 de septiembre de 2014, cuando una bomba artesanal estalló en el Subcentro de Escuela Militar.
Diez días después, Juan Flores y Nataly Casanova eran detenidos por este hecho. Además, se estableció que estarían involucrados en el atentado explosivo que afectó a un vagón del Metro el 13 de julio de 2014 y a la Primera Comisaría de Santiago, el 11 de agosto del mismo año. Por este último hecho también se arrestó, el 6 de abril de 2015, a Enrique Guzmán. Tras dos años de investigación, la fiscalía los acusó y solicitó presidio perpetuo para Flores, 20 años para Casanova y 10 para Guzmán.
Hace unas semanas finalizó la preparación del juicio oral, que se extendió por más de un mes, y a diferencia de lo que pasó con el primer caso Bombas, la mayoría de la prueba pasó a la siguiente etapa. "La escasa evidencia que se excluyó fue objeto de apelación", explica Raúl Guzmán, fiscal regional de la Fiscalía Sur, quien espera que se fije la fecha del juicio.
Esta investigación fue distinta a otras. ¿Qué cambió?
El 13 de julio de 2014 se decidió que el fiscal exclusivo, Claudio Orellana, indagara los atentados con Carabineros y los artefactos incendiarios con la PDI. Junto con eso, se creó un protocolo para identificar e interrogar a testigos, además de usar todos los medios científicos y tecnológicos disponibles.
Los imputados, a diferencia de los que se indagaron antes, ¿eran más radicales?
Manifiestan su disconformidad con la violencia y sin importar las consecuencias. Atentaron contra unidades policiales, transporte urbano y espacios públicos en horas con alto tránsito. Claramente, la finalidad era provocar temor a través de acciones indiscriminadas.
¿Cómo planea demostrar que este es un delito terrorista?
Nuestra legislación establece criterios para eso y depende de los elementos que se usan, los efectos y la existencia de un plan para perpetrarlo. Primero, acá se usó explosivo artesanal, que es mucho más peligroso que el industrial, porque es inestable. Segundo, el ataque al Subcentro habla por sí solo de las consecuencias de este tipo de hechos. Y tercero, hubo una planificación, porque una de las personas participó en distintos hechos. Este conjunto de elementos encuadra con la descripción que hace la ley sobre conductas terroristas.
¿El rol de las víctimas será clave en el juicio?
Para el Ministerio Público es relevante este caso, porque más allá del ataque contra el orden público, existen víctimas que vieron dañada su integridad física y psicológica y que no podrán recuperar la vida que tenían antes del atentado. Las consecuencias se han prolongado en el tiempo y es importante que el tribunal y la sociedad conozcan cuáles son.
¿Confía en obtener las penas que piden?
Aquí hubo acciones de carácter terrorista y hemos realizado una investigación seria y científica. Por lo tanto, consideramos que los acusados son responsables y esperamos que sean condenados a las penas solicitadas.
¿Cambió Santiago tras el ataque?
Sin duda. Todas las medidas adicionales de seguridad que se adoptaron dan cuenta de ello. El Metro sacó los contenedores de basura y puso bolsas y cada vez que hay un objeto extraño se echa a andar un protocolo de Carabineros, por temor a que estos hechos se vuelvan a producir. Ha habido un cambio, hay una sensación de mayor vulnerabilidad de las personas tras el ataque en el Metro.
Uno de los defensores habla de esta causa como el caso "Bombas 2" e incluso ha deslizado que hubo un montaje.
Como fiscalía actuamos dentro de la legalidad. Otro tipo de técnicas, como las que usa la defensa para vincular esta investigación a otras y desprestigiarla, son herramientas extraprocesales de las que no nos vamos a referir.
¿Qué le pareció la rebaja de condena que recibió Francisco Solar y Mónica Caballero por detonar una bomba en España?
Ambos fueron indagados en Chile por el caso Bombas y absueltos. Luego de una investigación en España se estableció que participaron en la colocación de un artefacto explosivo, por lo que se solicitó una pena de 40 años, pero el tribunal los condenó a 12, y por una apelación la rebajó a 4 años y medio. Habría que revisar la sentencia para ver cuáles fueron las razones para rebajar la sentencia, pero parece que continúan calificando sus conductas como terroristas.
Independiente de lo que pase en el juicio, ¿qué lecciones se pueden sacar de todo esto?
Sería relevante estudiar este tipo de conductas y actualizar la Ley Antiterrorista. Si bien hay un proyecto en el Congreso, estimamos que tiene falencias porque establece que la conducta terrorista es de carácter colectivo y la verdad es que el terrorismo ya no se trata de grupos organizados, sino que hoy las acciones pueden ser planificadas y ejecutadas por un individuo, que se denomina lobo solitario. Además, se requieren más medidas investigativas de carácter intrusivo y establecer tribunales especiales que conozcan estos hechos.
