A partir del 1 de enero, los diputados y senadores comenzaron a percibir un reajuste de 3% en las asignaciones parlamentarias que reciben cada mes para financiar gastos operacionales como arriendo de oficinas, cuentas de telefonía, actividades distritales y combustible para traslados.

El aumento fue aprobado por el Consejo de Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, entidad que desde 2010 debe fijar el monto, la reajustabilidad y los criterios para el uso de los fondos públicos que financian el ejercicio de la función parlamentaria.

El alza en el monto de las asignaciones no contradice el acuerdo que exceptúa a las autoridades con remuneraciones superiores a los $ 4, 4 millones (Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios, entre otras) del reajuste de 3,2% del sector público aprobado en noviembre pasado.

Esto, pese a que el congelamiento de las dietas (remuneración) de los parlamentarios también forma parte de un plan de austeridad del Congreso para generar ahorros que ayuden a financiar a los 47 nuevos legisladores que se sumarán al Parlamento a partir de marzo de 2018, escenario en el que también se había discutido la forma de ir restringiendo el gasto asociado a las asignaciones parlamentarias.

En el Senado la asignación parlamentaria para gastos operacionales (excluye pasajes aéreos) asciende a unos $ 8,6 millones mensuales, salvo para los senadores de las Regiones IV, V Cordillera, VI y VII, cuyo monto es de $ 9 millones por concepto de mayor gasto en combustible.

En la cámara de Diputados, en tanto, el monto de asignaciones para gastos operacionales asciende a $ 5,7 millones (a los que también se debe sumar la asignación de pasajes aéreos).

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias también informó que a contar del 1 de diciembre de 2016 y en el marco de la ley de reajuste al sector público, fue reajustada en 3,2% la asignación para personal de apoyo de los legisladores y también la destinada a contratar asesorías externas de los comités de senadores.

En el Senado, la asignación para la contratación de personal de apoyo asciende a $ 6,8 millones mensuales y de $ 3,1 millones para asesorías externas, mientras que en la Cámara de Diputados llega a $ 6 millones para personal de apoyo y a $ 2,3 millones para asesorías externas.