El ministro del Interior, Mario Fernández, señaló este viernes que el envío de un veto presidencial al proyecto de reajuste salarial al sector público "es la alternativa más a la mano", pero precisó que el gobierno aún no ha tomado una decisión al respecto.
"El Parlamento se opuso al reajuste de la propuesta que enviaba la Presidenta, pero una vez que ya terminó esa tramitación está la posibilidad de un veto y se está viendo cuál es el contenido del veto", dijo Fernández en conversación con Radio Cooperativa.
En este sentido el secretario de Estado afirmó que "seguramente el martes vamos a tener novedades al respecto".
A comienzos de esta semana la Comisión Mixta rechazó el proyecto que reajusta en 3,2% los salarios de los trabajadores del sector público, pese a que el Ejecutivo presentó tres propuestas para mejorar la iniciativa.
Las alternativas planteadas por Hacienda consideraban una baja en la remuneración mensual tope para recibir el reajuste, desde $4,8 millones que contenía el proyecto, a un límite en torno a $4,5, millones, lo que hubiese permitido aumentar los bonos destinados a los ingresos más bajos.
Una opción adicional, pero que parece inviable, es que el Ejecutivo insista con el proyecto aprobado por el Senado, dado que esa redacción implicó, en el marco de su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, una de las derrotas más duras experimentadas por una coalición de gobierno en la votación de un reajuste: 97 votos en contra, 12 abstenciones y ningún voto a favor.
PROYECTO
Hasta ahora el proyecto del gobierno considera recursos por $987.213 millones, o US$1.410 millones, entre diciembre de 2016 y el último mes del próximo año, considerando el reajuste de un 3,2% para las remuneraciones mensuales bajo los $ 4,8 millones. Además, el proyecto consideraba un aumento de 6% para los sueldos más bajos.
Es así como a contar de dicha fecha se propone una remuneración bruta mensual mínima de $ 358.174 para auxiliares, de $398.613 para administrativos y de $424.032 para técnicos.
La iniciativa también contemplaba un congelamiento de los sueldos públicos que sobrepasen los $4,8 millones, desde los $6 millones que contemplaba el proyecto original.
En término de bonos, se otorgaban $ 100.000 para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a $550.000 y $73.500, para los funcionarios con remuneración líquida superior a los $ 550.000 e igual o inferior a $770.000.