Reclamos de apoderados por sanciones de colegios se triplican en un año

"En las clases cuesta que se mantenga una actitud de orden, hay muy poca disposición para el aprendizaje, los alumnos tratan de evadir las clases y retrasarlas". Esto es lo que se vive habitualmente en el Centro Educacional Pudahuel, en palabras del jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Carlos Valderrama.

El problema es que, ante las habituales medidas como suspender a los alumnos, cambiarlos de curso o dejar su matrícula condicional, los padres reclaman cada vez más. "A los apoderados, en general, les cuesta asumir una cuota de responsabilidad. Ellos se colocan del lado del alumno bajo cualquier circunstancia", agrega el docente. Una práctica recurrente por parte de los padres y que, con frecuencia, se transforma en una demanda formal ante el Ministerio de Educación.

Durante 2008, la línea 600 de dicho organismo recibió más de mil quejas de apoderados por medidas disciplinarias de colegios municipales y subvencionados contra sus hijos, esto es, tres veces más que en 2007, cuando se recibieron más de 300 reclamos.

"NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN HERRAMIENTAS"
La mayoría de las denuncias obedece a la suspensión de clases decretada por los establecimientos: se recibieron 712 demandas por esta causa, cuatro veces más que en 2007, cuando sólo hubo 189 quejas. "Los problemas conductuales han aumentado en la medida que las familias han perdido su sentido fundamental con el poco tiempo o poca calidad del tiempo entregada a sus hijos", dice el director del colegio Pumahue, de Puerto Montt, Marcos Barros.

También los colegios coinciden todos en que los padres son cada vez más resistentes a las sanciones, con consecuencias directas para el clima escolar: los directores y profesores reclaman que se están quedando sin herramientas para enfrentar los problemas conductuales de los alumnos. "Si un alumno insulta a un profesor, la escuela no puede tomar decisiones. El profesor pierde su autoridad, pero a los alumnos no se les puede hacer nada. Si se les expulsa, se viola el derecho a la educación, cuando el alumno también ha atentado contra la educación", dice Carlos Veas, secretario ejecutivo de la Fide.

UN PROBLEMA GLOBAL
El problema tiene alcances globales. Una muestra de ello es el reciente Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que consultó a profesores de 24 países sobre la convivencia escolar. El 60% de los docentes asegura que los estudiantes constantemente interrumpen la clase, un 40% afirma que dicen groserías siempre y el 35% de ellos ve cómo sus alumnos intimidan verbalmente a otros compañeros con frecuencia.

El tema está llegando a tal límite que en Inglaterra, el gobierno propuso que cuando los menores estén incurriendo en conductas antisociales en los colegios, sus padres sean llevados a la Corte, donde deben comprometerse a brindarles el apoyo necesario.

En Chile, el tema no ha alcanzado esos ribetes, pero los colegios reconocen la existencia del problema. "Los alumnos están más complejos y se ha quebrado la autoridad, pero hay posibilidades de que se porten bien, con normas claras y respeto", dice María Alicia Holley, directora del Liceo 7 de Niñas, colegio que ha adoptado un camino alternativo para hacer frente al tema (ver recuadro).

El tema lo ha vivido de cerca el rector del Instituto Nacional, Jorge Toro, especialmente a raíz de la última toma del colegio. "Los apoderados nos exigían aplicar disciplina, que los alumnos tenían que estudiar como primera actividad, pero los padres que de la directiva apoyaban el paro", dice. Y agrega: "Es contradictorio, porque el apoderado quiere que apliquemos la disciplina, pero no quieren que a sus hijos se les sancione".