Con una propuesta de sanción administrativa, consistente en la aplicación de una multa con un porcentaje de su sueldo, culminó la investigación realizada en contra de la fiscal Nancy González, quien fue denunciada por incurrir en presuntas anomalías durante el caso que involucró al ex jefe nacional de Robos de la PDI, Trevor Oyarzún, condenado por adulterar una alcoholemia.
El ex policía presentó en marzo un reclamo ante el fiscal nacional Sabas Chahuán, en el que denunció presuntas presiones de la fiscal González para que cambiara sus abogados y designara a defensores que ella conocía y que eran de su confianza. Esto, supuestamente a cambio de no formalizar al ex oficial por un nuevo delito.
La indagatoria administrativa fue llevada a cabo por el fiscal José Morales, quien decidió formular cargos en contra de la abogada y proponer una sanción que consiste en la aplicación de una multa con parte de su sueldo. Esta es la tercera sanción más grave que considera el reglamento de los fiscales.
González apeló ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien debe decidir el castigo.
Por este caso, el ex prefecto Oyarzún presentó una querella por ejercicio ilegal de la profesión y estafa que es indagada por el Ministerio Público.
La fiscal Nancy González integra la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte y ha tomado parte de importantes investigaciones ligadas a casos de corrupción.
En 2006 integró el equipo que indagó a la red dedicada a la venta de facturas falsas llamada Publicam.
A fines del año pasado desbarató una red de funcionarios de Investigaciones y del Poder Judicial que vendían resoluciones falsas.
