Once días en paro completó ayer el puerto de San Antonio, en una jornada marcada por el recrudecimiento del conflicto. Mientras, las pérdidas estimadas por el sector privado -solo por fruta varada en el terminal y si la situación se prolonga hasta el viernes- ascenderían a US$ 60 millones. Según la Cámara Nacional de Comercio, el valor diario de exportaciones e importaciones afectadas se acerca a US$ 180 millones -considerando la paralización de los terminales de Antofagasta y San Antonio-, donde cada día alrededor de 1.900 operaciones aduaneras se han visto retrasadas.
A primera hora, cerca de 200 trabajadores instalaronbarricadas, cortando el tránsito en la principal avenida de la ciudad. La intervención de Carabineros dio lugar a enfrentamientos que culminaron con la detención de 15 personas, por desórdenes públicos; cinco de ellas, dirigentes. Los incidentes se repitieron después, sin detenidos.
En la tarde, San Antonio Terminal Internacional comunicó que "de común acuerdo con las autoridades de gobierno", recurrieron a la fuerza pública para despejar los accesos del puerto y reiniciar las operaciones de recepción y despacho de carga. La compañía aseguró que Carabineros mantiene vigilado el ingreso al puerto para resguardar a quienes quieren continuar sus labores.
Pese a ello, los trabajadores declinaron deponer las acciones. Es más, el presidente de la Unión Portuaria de Chile, Sergio Vargas, adelantó que los sindicatos de los principales puertos del país se reunirán hoy en la ciudad costera para definir la estrategia a seguir, aunque precisó que continúan esperando que el gobierno convoque a una mesa de diálogo. Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios, anticipó que demandarán al Estado por el pago retroactivo correspondiente a la media hora de colación.
Frente a los hechos de violencia -y durante la cuenta pública que efectuó ayer en La Moneda- el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, se refirió al conflicto, al que este martes se sumaron trabajadores de siete puertos de Biobío, desconociendo el acuerdo anunciado por él mismo el jueves pasado. "Este gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer respetar la ley y cumplir el orden", sentenció, instando a terminar el paro. Consultado sobre la posibilidad de recurrir a la Ley de Seguridad del Estado, el titular se limitó a señalar que si continúa la violencia "el gobierno no se demorará ni un minuto y aplicará la ley como corresponde".
Tanto el Ejecutivo como el sector privado pusieron ayer como condición para sentarse a dialogar, el fin del paro. Por la tarde, los gremios se reunieron en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), mientras que los ministros de Agricultura, Trabajo y la Subsecretaría de Transportes, arribaron hasta La Moneda donde sostuvieron un encuentro con Piñera. Luego de eso, el ministro y el subsecretario del Trabajo suspendieron el viaje que realizarían hoy a Biobío para reunirse con representantes de empresas y sindicatos portuarios. "Mientras estén paralizados, no habrá reunión ni mesa de diálogo. Esa es la condición", afirmaron desde la cartera.
"Para que prospere una mesa de conversación, como la que el gobierno en algún momento comprometió con los trabajadores, la condición básica es que no sea en un ambiente de paro", dijo Patricio Crespo, timonel de la SNA. Otro empresario afirmó que "se trata, en primer lugar, de un problema de orden público, por lo que el gobierno debe tomar todas las medidas que la ley permita". Uno de sus pares señaló que si bien están abiertos al diálogo, no son "los llamados a convocarlo".
Desde el gobierno recalcaronque se trata de un conflicto laboral y que el Estado solo puede preocuparse de garantizar seguridad.
Ultraport: "No nos verán en una mesa"
RR "Quienes han optado por la violencia no nos verán en una mesa de trabajo ni tripartita, sino en los tribunales", señaló ayer Ultraport, criticando que la autoridad no recurriera a la misma vía. La compañía informó que Puerto Angamos -en Mejillones- opera en normalidad con el 90% de sus trabajadores, mientras que "un grupo pequeño" ha optado por la extrema violencia. "Así lo demuestra el apedreo a un bus con trabajadores de la empresa, que dejó a dos personas heridas; el sabotaje a una línea férrea cercana a Puerto Angamos y el ataque ocurrido (el martes) a las oficinas de Ultraport en Antofagasta".
