Una de las instituciones de educación superior reconocidas por su calidad es la Universidad Diego Portales, cuyos estudiantes no entrarán en el inicio de la gratuidad por ser privada y no ser integrante del Consejo de Rectores. Su rector, Carlos Peña, propone elaborar criterios exigentes en materia de gobierno y organización universitaria. Además que se permita que todas las instituciones que satisfagan los estándares puedan acceder a la gratuidad para sus alumnos.
A su juicio, la medida del Ministerio de Educación de partir con la gratuidad sólo en algunas instituciones ha sido mal pensada e insta al ministro a cuidar más la racionalidad de las medidas, sugiriendo, al mismo tiempo, un camino para evitar el maltrato a los estudiantes.
¿Qué le parece, en general, el inicio de la gratuidad sólo en algunas instituciones?
El problema no es que la gratuidad alcance sólo a algunas instituciones: el problema es que alcanza sólo a una porción de estudiantes en razón de las instituciones a las que pertenecen. Y ahí está el problema, porque tal como se la diseñó, la medida, si bien es transitoria, trata de manera distinta a estudiantes que, sin embargo, se encuentran en la misma situación desventajosa. Para un gobierno que ha declarado su propósito de igualar las capacidades y las posibilidades de autonomía de las personas, esa diferencia, tal cual se la ha comunicado, carece de toda justificación. Es evidente que la mera circunstancia de estar matriculado en una institución creada antes de 1981 o en una creada después no debiera significar diferencia alguna para los estudiantes. El gobierno debió explicitar otro tipo de criterio -por ejemplo tipo de gobierno, disposición a rendir cuentas o niveles de transparencia- y permitir entonces que los alumnos pertenecientes a las instituciones creadas luego de 1981 que satisficieran esos criterios pudieran acceder a la gratuidad. De esa manera se habría avanzado, además, en la regulación del sistema.
El ministro dijo ayer en entrevista con Radio Cooperativa que, para justificar la medida anunciada, que las universidades del Cruch son más sólidas en acreditación y calidad, que ninguna ha tenido problemas de investigaciones, que no tienen "sociedades espejo" y que en ellas no se cobra cualquier arancel definido por una junta directiva. ¿ Le parecen argumentos válidos?
Ninguna de esas cosas que dijo el ministro todos lo saben y no vale la pena subrayarlo -es fácticamente correcta-. No es verdad que la mera pertenencia al Cruch indique mejor calidad o acreditación; tampoco es cierto que ninguna de esas instituciones haya incurrido en malas prácticas que hayan merecido investigación, tampoco lo es que hayan carecido de sociedades, etcétera. Pero no vale la pena detenerse en eso que es producto del apuro retórico por justificar una medida inconsulta y poco pensada. Porque, incluso, si el Ministro dijera lo correcto, ello significaría que son esos criterios y no la mera pertenencia al Cruch lo que permite acceder a la gratuidad. De ser así entonces ¿por qué no dar gratuidad a los alumnos de instituciones posteriores a 1981 que cumplan los criterios que el Ministro, obviamente ex post, acaba de enunciar? ¿Qué razón tiene el ministro para negar la gratuidad a estudiantes que asisten a instituciones que satisfacen los mismos criterios que él acaba de formular? Insisto: el ministro debiera explicitar bien esos criterios y permitir que los estudiantes de instituciones creadas luego de 1981 que los satisfagan dispongan de la gratuidad.
También dijo que esta medida no es arbitraria sino que es hacer las cosas bien.
Es obvio también que las cosas no se están haciendo bien. Una política pública cuyos criterios se mantienen en la oscuridad y maltratan a una porción de los estudiantes no es una buena política. Pero deseo insistir: hay un camino racional para corregir esto: explicitar estándares exigentes e instar a que las instituciones los cumplan puedan acceder al programa. Supongo que exigir racionalidad al Ministerio encargado de esparcirla -porque de eso se trata la Educación- no es demasiado pedir.
¿Cree que hay Ues. privadas que tienen mayores estándares que algunas del Cruch y que pudieron ser incluidas?
Es evidente que la línea que separa a las instituciones de mayor calidad de aquellas otras que poseen menos, no pasa por la pertenencia al Cruch ni tampoco por la fecha de su creación. En ambos lados de la línea hay instituciones de mayor y de menor calidad relativa. Eso es obvio. Pero no hay duda que entre las instituciones del Cruch y algunas instituciones creadas luego de 1981 hay diferencias importantes desde el punto de vista institucional que no es correcto pasar por alto: formas de rendir cuentas, niveles de escrutinio acerca de su administración, formas de gobierno, etcétera. Las instituciones pertenecientes al Cruch poseen mayores niveles de institucionalización que muchas universidades creadas luego de 1981. El problema del sistema posterior a 1981 es su grave desregulación. El gobierno pudo sostener (pero no lo hizo) que es en razón de esa mayor institucionalización que las universidades del Cruch acceden a la gratuidad parcial; pero debiera haber dicho al mismo tiempo (pero tampoco lo hizo) que las universidades creadas luego de 1981 dispuestas a someterse al mismo nivel de institucionalización pudieran también disponer de ese beneficio para sus estudiantes.
¿Debió el gobierno, por ejemplo, dar opción a algunas instituciones exigiendo algunos estándares que cumplir en un determinado plazo?
El gobierno ha dicho que esta medida es transitoria y regirá sólo mientras se tramita la reforma definitiva que alcanzará, en principio, a todos. No obstante eso, me parece a mí que para evitar tratar injustamente hoy a miles de estudiantes, el Gobierno debiera -esto es lo que propongo- abrir un sistema de becas para los estudiantes de los tres primeros quintiles de universidades creadas luego de 1981 que decidan someterse al cumplimiento de una serie rigurosa de estándares relativos, insisto, a su forma de gobierno, estructura de propiedad, niveles de rendición de cuentas. De esa manera podría echar a andar, junto con este programa de gratuidad, una reforma incremental del sistema. Así sabríamos además qué estudiantes quedan fuera de la gratuidad porque sus instituciones están poco dispuestas a esos estándares, y cuáles en cambio no.
Hay rectores que han planteado una eventual inconstitucionalidad en la medida ¿usted qué piensa al respecto?
Desde luego no estoy de acuerdo en judicializar un asunto de política pública. Tampoco pienso que la medida pudiere detenerse por esa vía. Cualquier abogado más o menos sagaz podría esgrimir los mayores grados de institucionalización del Cruch como una razón para hacer la diferencia. Por eso creo que es mejor que el propio gobierno y las universidades, convengamos criterios razonables, pero exigentes, para que todos los estudiantes puedan acceder desde ya a ese beneficio. Algo así le haría bien a la totalidad del sistema y sería un gran impulso para la reforma en que el gobierno se encuentra, según sabemos, trabajando.
¿Cree que producto de esta medida exista una fuga de alumnos hacia las instituciones que ofrecerán gratuidad?
Hablar de "fuga" parece inadecuado. Es mejor hablar de elección. Ahora bien, no hay problema si los estudiantes enfrente de dos instituciones de calidad similar, prefieren a aquella que posea gratuidad. Pero el problema es otro: que alumnos de pocos recursos se vean obligados a escoger instituciones que, si no gozaran de gratuidad, ellos no habrían jamás elegido. ¿Qué manera de igualar la autonomía y las capacidades de las personas es esa que acaba lesionando la autonomía de los estudiantes en razón de su origen socioeconómico? Se está distribuyendo el poder de elección de los jóvenes de manera desigual pudiendo no hacerlo, existiendo alternativas, como las que sugiero, que son más justas.
¿Es factible extender el beneficio del inicio de la gratuidad a las universidades G8 (privadas adscritas a la PSU) o a los CFT e IP sin fines de lucro, pero constituidos como sociedades?
El acceso o no a la gratuidad debe depender ahora, y debiera depender en el futuro, de la disposición de las instituciones creadas luego de 1981, incluido lo que usted llama G8, para cumplir estándares razonables, estándares que hoy día, dada la desregulación del sistema, desgraciadamente no existen. Pero -permítame insistir- resolver este problema está en manos del gobierno y de las instituciones. Del gobierno que debiera explicitar esos estándares y de las instituciones que debieran cumplirlos. Respecto, ahora, de lo que usted llama CFT e IP constituidos como sociedades, el asunto es aún más simple ¿cuál es la dificultad de transformar voluntariamente su naturaleza jurídica y adecuarse así al criterio exigido?
Habiendo instituciones que tienen alumnos vulnerables y altos estándares de calidad ¿cree que dejarlas fuera es una medida que responde a una falta de recursos?
Siempre los recursos son escasos, esa es la condición de cualquier política. Si los recursos no fueran escasos la política no existiría, viviríamos en el jardín del edén y el Ministerio de Educación no sería necesario. El problema central no es la escasez sino los criterios con que los recursos siempre escasos se distribuyen. Y ese ha sido el error que el gobierno ha, como vengo diciendo, cometido.
