Rectores advierten sobre posibles efectos de la reforma a la educación superior

Cómo afectaría el proyecto de ley y cuáles serían las principales consecuencias para los distintos planteles universitarios, son algunas de las materias abordadas por los jefes de las entidades educacionales.




Hace una semana el gobierno envió al Parlamento el proyecto de Reforma a la Educación Superior y las críticas de todos los sectores no se hicieron esperar. Entre ellos, los rectores de las universidades e institutos profesionales, que comenzaron a advertir las principales consecuencias que tendrían para los planteles los cambios que propone la ley.

Que no se fortalecen las instituciones regionales, que la transferencia de recursos no se orienta al interés nacional, que se discrimina a los planteles, o que las exigencias para la acreditación podría mermar las entidades privadas, son algunos de los planteamientos que distintos rectores exponen bajo diferentes miradas.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO ESTATALES (G9):
Óscar Galindo, rector de la Universidad Austral

Según la máxima autoridad del plantel valdiviano, el actual proyecto de ley no logra "recoger la relación preferente entre el Estado y las universidades públicas no estatales que ha existido tradicionalmente y establece una división inaceptable".

"Lo que no se había hecho en la reforma del 81, impulsada por la dictadura, se está instalando ahora. Se está consolidando un sistema de transferencias públicas de recursos a instituciones que no necesariamente se orientan al interés nacional, sino al interés privado, y se descuida a las universidades públicas", agregó Galindo.

UNIVERSIDADES REGIONALES:
Patricio Sanhueza, rector Universidad de Playa Ancha

Según el rector de la U. de Playa Ancha y presidente de la Asociación de Universidades Regionales (AUR), los planteles regionales "no aparecen contemplados en esta reforma", lo que constituye "un profundo error, porque una política de fortalecimiento a las instituciones regionales permitiría terminar con las asimetrías que existen, ya que nuestras universidades se desenvuelven en circunstancias muy complejas por poca población o por singularidades de los territorio donde están".

Sanhueza agregó que "en un sistema de mercado como el chileno importa mucho la capacidad de matricular alumnos que tiene una universidad. Magallanes o Aysén, por ejemplo, claramente están en desventaja por tener mucha menos población que Santiago".

INSTITUTOS PROFESIONALES:
Fernando Martínez, rector de Aiep

Para el rector de Aiep, instituto profesional que pertenece al grupo Laureate, hay varios puntos del proyecto de educación superior que complicarían al sector técnico profesional, uno de ellos es el esquema de la gratuidad. "El financiamiento que se está ofreciendo para la gratuidad está yendo en contra de lo que dijo el fallo del Tribunal Constitucional, discriminando por tipo de instituciones y no fijándose exclusivamente en componentes de calidad y vulnerabilidad".

Además, según Martínez, la reforma establece "un cambio de reglas de operación que es muy radical y que no busca objetivos de calidad, sino objetivos de control", lo que perjudicaría la expansión y consolidación del sector, donde un 95% de la matrícula es privada.

UNIVERSIDADES ESTATALES:
Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales
La máxima autoridad de la casa de Bello insistió en que hay que "tomar el proyecto como una base, no tiene tanto sentido de enfatizar todas las falencias, hay que hacer algo constructivo colaborativamente".

En ese sentido, señaló que desde su perspectiva las universidades estatales tienen la responsabilidad de ver el sistema en su conjunto, pero que además les "interesa profundizar el tema de generar un sistema nuevo de planteles estatales en que podamos compartir recursos y compartir distintas actividades tanto en docencia, investigación, proyectos y reubicar la responsabilidad del Estado con sus universidades".

UNIVERSIDADES PRIVADAS:
Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián

Para el rector de la U. San Sebastián las exigencias de la acreditación y otros requisitos que significaría que "probablemente en Chile queden muy pocas universidades. Cuando se plantea que son universidades sólo las que hacen tal o cual investigación, es establecer una mirada elitista, porque achican el horizonte de lo que debiera ser una universidad, es decir que menos gente debiera estar en la universidad y que la formación profesional debiera estar a cargo de institutos profesionales".

CONSEJO DE RECTORES (CRUCH):
Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores

El vocero del Consejo de Rectores (Cruch) señaló que si bien el proyecto no tiene una declaración formal sobre el Cruch, "si el proyecto se aprobara tal como fue presentado, tiene efectos sistémicos que tienden a anular la acción colectiva de las instituciones". Según Valle esto queda evidenciado "cuando se propone radicar en la subsecretaría el sistema de admisión y se eliminan otros vínculos con el consejo u otras organizaciones".

"Esto, en particular, evoca la Ley Chapelier, de la Francia de 1791, que declaró que solo existe el interés particular de cada individuo y el interés general, es decir, el Estado, inspiración nada edificante para la construcción democrática y plural de la sociedad. Pero el Cruch no es una mera creación de la ley, responde a una valiosa tradición de pluralismo y diversidad cultural e intelectual de Chile", agregó Valle.

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