La apuesta del gobierno en educación superior es fortalecer el sistema y hacerlo gratuito para todos los alumnos, independiente del nivel socioeconómico. Según comentó a La Tercera el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, el nuevo sistema entregará gratuidad a todas aquellas instituciones que suscriban un convenio con el Estado a cambio de cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, aceptar la fijación de aranceles y estándares de calidad mínimos.
Con este cambio, explicó Martínez, se eliminarán las becas que cubren hoy el arancel de referencia de los alumnos e incluso, detalló, se baraja la opción de suprimir el Crédito con Aval del Estado (CAE). Una noticia que no fue bien recibida entre algunos rectores de universidades privadas. Es el caso del rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, quien explica que la reforma podría perjudicar a los estudiantes más vulnerables. "Este es el tipo de política pública que puede terminar consiguiendo exactamente lo contrario de lo que se pretende, porque los alumnos de colegios particulares pagados van a poder elegir entre las que están en el convenio o las que están fuera. En cambio, los de menores recursos no podrán y tendrán que elegir entre las que están y que no necesariamente podrían ser las de mejor calidad", explica la autoridad del plantel privado, donde el 26% de la matrícula proviene de colegios municipales y subvencionados.
Un riesgo que también identifica su par de la U. Finis Terrae, Cristián Nazer: "Estos alumnos necesitan ser subvencionados por el Estado para poder ingresar al sistema y a muchos de ellos no les alcanzará el puntaje, por lo que se ven limitados".
Para Miguel Cancino, la máxima autoridad de la U. Católica de la Santísima Concepción e integrante del Consejo de Rectores, la decisión de eliminar la opción de becas estatales en aquellos recintos que no puedan o no quieran asumir la gratuidad podría ser un riesgo no sólo para los estudiantes de escasos recursos, si no también podría afectar la cobertura en general: "En el país hay más de un millón de alumnos en el sistema, y si hay un joven que por puntaje no ingresa a una de las instituciones en convenio y que además, no cuenta con dinero para ingresar a otra institución, vamos perder esa posibilidad, lo que podría significar que habría jóvenes que dejarían de ingresar al sistema".
Sin embargo, el rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de planteles estatales, Aldo Valle, no está de acuerdo y aclara que con la medida se "ampliará la cobertura y mejorará las oportunidades. En muy pocos casos los estudiantes meritorios se quedarán afuera, porque esperamos que esto vaya acompañado de cambios en el sistema de admisión y requisitos que se establezcan".
El rector agrega que "los alumnos más vulnerables tienen derecho a que el Estado garantice que están estudiando en una institución que cumple". Una opinión que comparte el senador Carlos Montes: "No puede ser que el Estado pase recursos a entidades que no tienen el nivel".
El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, si bien cuestiona la idea de gratuidad universal, explica que "sí estaríamos disponibles a suscribir un convenio de gratuidad aunque hay que ver los detalles. Nos interesa tener estudiantes provenientes de todos los sectores y de menos recursos y para eso necesitas aportes estatales".
OTROS TEMORES
Otro de los riesgos que ven los rectores es la posibilidad de perder la autonomía al suscribir los convenios. "Las instituciones dependerán de la disposición del gobierno de turno para saber cuánto le corresponderá y con esto podría verse vulnerada la libertad del proyecto", explica Valdés.
En cuanto a la fijación de aranceles, Cancino precisa que "si nos dan costos menores a los actuales, corremos el riesgo de que se nos haga insostenible financieramente".
Una situación que no comparte el rector del Inacap y representante de los CFT e IP acreditados, Gonzalo Vargas, quien dice que "nuestras carreras se alinean con el arancel de referencia. Para nosotros es un avance".
