La primera ruptura en la tendencia al alza de la judicialización del sistema isapre, por el reajuste de los precios base de los planes, se registró al comienzo de este año. Así lo indican las cifras del Poder Judicial de enero a marzo, que muestran una diminución del 17% de las causas presentadas contra las aseguradoras.

Así, durante el primer trimestre del año, las cortes de Apelaciones del país admitieron un total de 30.213 recursos de protección por aumentos de precio, es decir, casi seis mil menos que en igual período de 2016, cuando se contabilizaron 36.248 causas.

La judicialización de las adecuaciones de precio se inició en 2010, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago recibió un total de 6.560 recursos. Al año siguiente la cifra subió a 19.643 y tomó más fuerza en 2012, cuando se tramitaron más de 40 mil. Desde ahí, el aumento fue acelerado y se extendió con fuerza a las cortes de Apelaciones de todo el país, totalizando 143.310 causas por esta materia el año pasado, con costas de casi $ 25 mil millones para el sector.

De acuerdo a los expertos, son dos los factores que inciden en la disminución de los recursos. El principal tiene relación con la decisión de cuatro isapres -Banmédica, Vida Tres, Optima y Masvida- de congelar los valores, lo que generó que el 51,4% de los beneficiarios del sistema mantuvieran inalterados los precios de sus planes.

"El que menos personas hayan sido afectadas por las alzas impacta la disminución de la presentación de recursos de protección, lo que muestra un resultado de la política de no reajustar", explica Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud.

En la misma línea, Víctor Zárate, director de Medicina de la U. San Sebastián, indica que "hay isapres que se han dado cuenta de los altos costos que se producen (al subir los precios) y han tomado la decisión de no reajustar y esa tendencia ahora está mostrando menos recursos, porque hay menos personas con alzas".

En tanto, el otro factor apunta a la reducción de las costas judiciales, es decir, la retribución que obtienen los abogados que tramitan las causas para los afiliados de isapres. Al respecto, Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, plantea que "los montos que se pagan por este concepto bajaron de $ 130 mil a $ 50 mil en el área metropolitana, eso tiene incidencia en la disminución de producción de este negocio, porque es una industria que se mueve por el pago de costas, y sin éstas, hay menos incentivos".

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió modificar el mecanismo del pago de costas judiciales y que ahora sea directo a los afiliados o a sus apoderados, lo que podría entorpecer las utilidades de los abogados.

Para Victoria Beaumont, gerenta de la consultora Altura Management, "los abogados tendrán que modificar su estrategia, porque antes todo era gratuito y automático, pero con la baja de costas y la orden de pagar directo al afiliado, se genera un desincentivo para quienes habían encontrado en esto una nueva industria".

Sin embargo, pese a esta baja, los expertos coinciden en que la presentación de recursos seguirá en el sistema, hasta que se aplique la postergada reforma. "La judicialización llegó para quedarse, porque la gente ya entiende cómo funciona y conoce sus derechos, y además sabe que el sistema tiene diferentes problemas que deben resolverse", dice Zárate.

Mientras, Pavlovic sostiene que "el problema que existe es estructural. Si bien ahora se ve esta tendencia a disminuir, no habiéndose resuelto los problemas de fondo en el sistema, la judicialización se mantendrá".