Esta tarde la Sala del Senado comenzará la discusión en general del proyecto que termina con el sistema binominal y lo reemplaza por una proporcional moderado.

El gobierno necesita el voto favorable de 23 senadores

para dar luz verde a la iniciativa y así continuar con su discusión en particular. En este contexto,

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseveró que "nosotros esperamos que todas las fuerzas políticas asistan a este momento histórico que entre hoy y mañana se va a dar en el Senado, todas las fuerzas políticas también la UDI, a que voten a favor de la idea de legislar y terminemos con un sistema electoral que le ha hecho tanto daño a la democracia chilena (…) y que impide que el debate que la sociedad chilena está dando muchas veces se dé en el espacio institucional que corresponde que es el poder legislativo".

LOS PUNTOS QUE TENSIONAN EL ACUERDO

REDISTRITAJE

El proyecto aprobado del gobierno propone aumentar de 38 a 50 el número de senadores donde cada región será una circunscripción y dependiendo del número de electores se elegirán dos, tres, cinco y siete senadores.

En el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa establece aumentar de 120 a 155 el número de legisladoras en 28 distritos plurinominales que eligen un número variable de 3 a 8 diputados, en atención al número de electores.

En este sentido, hay parlamentarios de la Alianza que no están de acuerdo con el redistritaje ya aprobado por la Cámara Baja, ya que aseguran afectaría la igualdad del voto.

Así lo indicó el senador Alberto Espina (RN), quien dijo que "creemos que la composición y la forma como se hicieron los distritos no tiene por objeto permitir una competencia leal, desde el punto de vista democrático, sino que se hacen crecer distritos afectando la igualdad del voto, habiendo distritos que tienen más votos, pero eligen menos diputados que otros, y eso se hace para favorecer al PC y a sectores de la Concertación".

ESCAÑOS POR REGIONES Y SOBRERREPRESENTACIÓN DE SANTIAGO

En esta línea, uno de los principales puntos que tensionan el acuerdo

es la representación del Senado en las regiones y el número de legisladores de la Región Metropolitana.

Para los legisladores regionalistas, el proyecto del gobierno mantiene el binominal en regiones de menor población -donde sólo se permitiría elegir a dos representantes- y sobrerrepresenta a Santiago, entregándole

siete escaños.

"Los senadores históricamente han representado territorios, y no cantidad de electores. Mi propuesta al respecto es bien clara: ni una sola región debería elegir menos de tres senadores (...) por lo menos, y en lo que respecta a la región que represento, esta es una demanda que no es posible negociar", sostuvo el senador independiente, Pedro Araya.

COSTO DE LA REFORMA

Otro aspecto que frena el acuerdo entre el gobierno y la oposición, es el costo que significará para el Estado el aumento de parlamentarios. Mientras que el Ejecutivo ha asegurado que debe ser el Congreso quien defina cómo se va a financiar el aumento de legisladores, sectores de la Alianza aseveran que se debe transparentar el real costo que significará la medida.

"No es verdad que pueda haber un cambio al sistema proporcional con los mismos recursos con que se financia el Congreso. No me pueden decir que se aumentan 34 diputados y 12 senadores y se va a gastar la misma plata. Creo que eso hay que transparentarlo", expresó Espina al respecto.

LEY DE CUOTAS Y PRIMARIAS

La iniciativa del gobierno también contempla normas para favorecer la inclusión de mujeres en política. Una de ellas señala que de la totalidad de las candidaturas declaradas por los partidos políticos "ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total de candidaturas".

De esta manera, se aseguraría un mínimo de 40% de candidatas mujeres, pero algunos partidos acusaron una incompatibilidad entre ese requisito y sus primarias internas.

Al respecto, tras aprobarse la iniciativa en la Cámara de Diputados, quedó pendiente definir un mecanismo para que ambas situaciones sean compatibles. En esta línea, el gobierno se comprometió a elaborar una propuesta en la materia, que debería ingresar como indicación en la discusión en particular.

FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA

En cuanto a los aportes de campañas políticas, el texto del Ejecutivo plantea terminar con los aportes de carácter reservado y establece que "los aportes de campaña electoral serán públicos y se consignará la identidad del aportante, salvo las excepciones que señale la ley".

En tal sentido, se establece que podrán ser anónimos todos los aportes privados en dinero hasta 10 UF ($230.000 app), pero el aportante puede pedir que se consigne su identidad y el monto aportado.

Sin embargo, y tras la polémica por el caso Penta, según un sondeo realizado por La Tercera, la mayoría de los senadores prefiere abordar este tema en una propuesta distinta.

"Prefiero una ley aparte para regular el financiamiento de la política, se necesita una ley más integral", señaló el senador Pedro Araya.