El proyecto de ley que elimina el financiamiento compartido va a generar que los alumnos que pagan actualmente una mensualidad superior a $ 22.635 en colegios subvencionados no alcancen la cobertura completa de gratuidad. Esta es la conclusión a la que llegaron los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) Harald Beyer y Sylvia Eyzaguirre al analizar la iniciativa del gobierno, y aseguran que la medida afectará al menos a 411.000 estudiantes.
Según los expertos, los hijos de aquellas familias que desembolsan el máximo de copago permitido ($ 84.000) sufrirán la merma de $ 60.858 para su educación, debido a que sólo se compromete un aumento en la subvención de $ 9.476, pero el monto de copago efectivo máximo es de $ 70.333, por lo que esa diferencia no está cubierta en la iniciativa del gobierno.
Eyzaguirre explicó que la decisión de un establecimiento de dejar de cobrar financiamiento compartido va a depender de si la suma de las dos nuevas subvenciones (gratuidad, $ 9.456; más subvención de clase media, $ 14.863) compensan los recursos que se perderían por copago.
"Después de 10 años (plazo que establece el gobierno para terminar con el financiamiento compartido), entre 400 mil y 600 mil alumnos se van a ver afectados, porque los recursos no van a alcanzar para la cobertura actual", explicó Sylvia Eyzaguirre.
El ex ministro de Educación Harald Beyer, en tanto, planteó que "el gobierno tiene dos opciones si quiere terminar con el financiamiento compartido en 10 años sin perjudicar a ningún estudiante, que fue la declaración que se hizo. Requiere más recursos que no están en el proyecto, recursos frescos adicionales, porque si no perjudica a 580 mil estudiantes". El investigador del CEP planteó que si el gobierno no puede comprometer esos recursos, "porque tiene otras prioridades que son perfectamente legítimas, entonces lo que tiene que hacer es flexibilizar los plazos para que se acabe el financiamiento compartido y ligar el término de éste a un aumento de la subvención".
Sylvia Eyzaguirre añadió que "cerca de un 25% de alumnos se vería afectado si sólo aumenta la subvención en 0,45 de Unidad de Subvención Educacional (USE, cuyo valor hoy es de $ 9.476) y si todos los alumnos reciben subvención de clase media más la subvención de gratuidad, que es un escenario muy optimista y, por lo mismo, poco realista, tienes que cerca de un 13% de la matrícula total se vería afectada, es decir, cerca de 410.000 alumnos".
Desde el Mineduc señalaron que si la subvención general crece a una tasa mayor de lo habitual (5%) se puede llegar, en régimen, a que los recursos netos o en pesos reales sean superiores para el segmento de alto copago hoy.
SUBVENCIÓN CLASE MEDIA
El estudio del CEP indica que se extiende la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la clase media, pero a diferencia de la SEP actual, los alumnos que están en colegios con financiamiento compartido no podrán recibir este aporte, porque sólo podrán acceder quienes asisten a colegios gratuitos.
Fuentes del Mineduc reconocieron que "efectivamente el proyecto indica que para ser beneficiario de la SEP ampliada se debe ser de un establecimiento sin lucro y sin copago". Pero plantean que, "obviamente, ese tema es parte de la discusión parlamentaria, sabiendo que el fondo del proyecto es definir una transición que termine con el copago".
TECHO DE COPAGO
La autora del estudio advirtió que en el proyecto "solamente se congela el montó máximo de copago en los colegios, pero no los montos que puede cobrar cada colegio". Esto, dijo, se traduce en que el máximo de copago sería de $ 84.233, como ocurre actualmente.
Pero la investigadora advirtió que "en la transición, los colegios igual pueden aumentar su copago". Y explicó que "un recinto puede cobrar $ 30.000 este año y $ 40.000 el próximo año, y si por ejemplo el gobierno aumentara la subvención y aún no fuera suficiente para cubrir el gasto por alumno, podría subir la mensualidad a $ 55.000 si quisiera".
A juicio de Eyzaguirre, "es súper contradictorio, porque si vamos a aumentar la subvención para que los colegios bajen el monto que están cobrando, no se entiende que los establecimientos puedan seguir subiendo los cobros".
El académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la U. de Chile, Juan Pablo Valenzuela, tiene una visión que discrepa de lo que proponen los investigadores del CEP. "Lo que no puede suceder es que se pretenda que todos los colegios de Chile reciban la misma cantidad de dinero, independientemente de la condición socioeconómica de los niños, porque tienen que hacerse mayores inversiones en las escuelas donde asisten los niños más vulnerables".
