Luego de tres meses de tramitación, hoy, a partir de las 11 horas, la sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto que busca poner fin al lucro, el copago y la selección, y que corresponde a la primera iniciativa legislativa presentada por el gobierno en el marco de la reforma educacional comprometida por la Presidenta Michelle Bachelet.

Ayer, en el comité político de La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, abordó junto a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría el escenario previo a la votación e hizo un llamado a todo el oficialismo a ordenarse tras esta iniciativa.

En el encuentro, el jefe de gabinete fue explícito en transmitir la necesidad de que se actúe "con disciplina" y que los parlamentarios oficialistas aprueben la totalidad de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Quienes participaron del encuentro aseguran que el titular de Interior insistió en  que cada una de las modificaciones y propuestas ingresadas por el Ejecutivo durante la discusión eran un reflejo de lo comprometido por la Presidenta Bachelet en el programa de gobierno. Y, por lo mismo, debía contar con un apoyo completo por parte del oficialismo.

El llamado del ministro Peñailillo, sin embargo, se limitó sólo a esos aspectos del proyecto.

Y es que respecto a las indicaciones que fueron ingresadas por parlamentarios oficialistas o independientes -y que también fueron aprobadas durante la tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda-, el gobierno optó por dejar a los parlamentarios del bloque en "libertad de acción".

Es el caso de la enmienda promovida por la diputada DC Yasna Provoste, que  obliga a poner fin al lucro en las Agencias de Asistencia Técnica Educativas (ATE) en un plazo de dos años.

De hecho, el propio ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, aseguró en su momento que, pese a compartir "el espíritu de la iniciativa", no le parecía la forma "más adecuada".

La otra indicación que ha sido aprobada, pero  que no fue patrocinada por el gobierno, es la presentada por la denominada bancada estudiantil, y que busca sancionar con cárcel, específicamente con la pena de presidio menor, a un sostenedor de colegio que se demuestre que haya lucrado con recursos públicos. Esto, en el caso que se niegue a restituir los dineros o que reincida posteriormente.

El tercer caso en que el gobierno optó por dejar en libertad de acción a sus parlamentarios es respecto a la indicación que contempla la prohibición a los colegios particulares pagados de expulsar a sus alumnos por motivos académicos. 

La decisión de La Moneda fue ratificada ayer por el vocero de la Nueva Mayoría y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien dijo al término del comité político  que el bloque "va a actuar con total unidad respecto de aquellos aspectos centrales que forman parte de las ideas matrices del proyecto que pone fin al lucro y todo tipo de discriminación".

En la misma línea, el líder del Partido Radical, Ernesto Velasco, sostuvo que "en esos tres temas hay una cierta libertad de acción para que los parlamentarios voten como crean pertinente".

En tanto, el presidente del MAS, Alejandro Navarro, agregó que "para las indicaciones del gobierno se pide disciplina, (pero) para las indicaciones parlamentarias hay libertad de acción".

Durante el llamado que realizó ayer Peñailillo a su sector para que se alineen tras las ideas matrices, también recalcó que este es recién el primer trámite legislativo del proyecto, ya que aún debe ser revisado por el Senado, en un debate que se prevé aún más complejo.

A esto se suma que aún se encuentran pendientes el ingreso de los proyectos de desmunicipalización, fortalecimiento de la educación pública, carrera nacional docente y educación superior, lo que retrasará aún más el avance de la reforma.