La propuesta de reforma a isapres, próxima a entregarse al Ejecutivo, permitirá a las aseguradoras lucrar con la cotización legal de los afiliados. Esto, luego que las observaciones presentadas por el sector lograran, en las últimas horas, flexibilizar la propuesta inicial incluida en el informe y que fijaba un plazo de tres años para que se prohibiera la obtención de ganancias a partir del 7% de los usuarios del sistema.

Este era uno de los puntos que había entrampado la emisión del informe -que debía ser entregado el pasado martes- y cuyo borrador suscitó casi 200 observaciones presentadas por las isapres, a las que se suman los comentarios de los restantes miembros de la comisión y que solicitan al secretario ejecutivo, Camilo Cid, esclarecer o rectificar partes del escrito .

Otros puntos en los que lograron avanzar las aseguradoras se refiere al financiamiento del Plan de Seguridad Social (PSS), que inicialmente debían ofrecer las isapres a cambio, únicamente, del 7% de la cotización de los afiliados. Sin embargo, la nueva composición acordada permitirá, integrada al valor del PSS, el cobro de una prima comunitaria -expresada en UF y definida por cada aseguradora, que permitiría a las isapres solventar los gastos asociados a las prestaciones.

Esto se traduce, según el economista y comisionado David Debrott, en que "las isapres estarán obligadas a otorgar el PSS, eso está zanjado,  pero podrán darlo sólo con el 7% de la cotización o podrán ofrecerlo cobrando  además una prima comunitaria. La isapre puede decidir si entrega sólo el PSS o si lo ofrece junto con esta prima".

Esta prima adicional permitirá a los usuarios mejorar las redes de prestadores o coberturas del PSS básico. Además, obrará como una barrera de entrada de los usuarios de Fonasa al sistema privado, pues la declaración de salud quedó definitivamente eliminada en la propuesta. Este mecanismo, que deben llenar los usuarios al momento de afiliarse a una aseguradora, se usaba para identificar enfermedades preexistentes en las personas y generaba, en ocasiones, que estas no fueran aceptadas, lo que a la larga derivó en la discriminación de afiliados y pérdida de movilidad en el sistema.

Así, este valor adicional al plan que podrán fijar las isapres -regulado por un ente externo- y que será igual para los usuarios de una misma aseguradora, operaría como un desincentivo, económico, para el traspaso de usuarios de mayor riesgo y carga de enfermedad.

En tanto, la declaración de salud será reemplazada por algún tipo de barrera a la movilidad, que podrían ser hospitalizaciones o diagnósticos previos, que no han sido definidos aún y que podrá fijar el Ejecutivo, una vez que elabore el proyecto de ley que se espera envíe al Congreso en diciembre.