No salió humo blanco.  Tras más de una hora y media de reunión entre los ministros del Trabajo, Javiera Blanco y de Hacienda, Alberto Arenas con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderados por Andrés Santa Cruz, las posiciones no lograron acercase.

El gobierno intentó avanzar en bajar la tensión que generaron las palabras del presidente de la Sofofa, Hermann von Mülenbrock, quien dijo en entrevista con La Tercera que "esta reforma tendrá efectos más severos que la tributaria".

Antes de partir con la discusión específica de los puntos que contendrá el proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso el próximo lunes, los ministros  se concentraron en pedir a los representantes de la CPC intentar mejorar el clima en el que se está desarrollando el debate, ya que "no es bueno para el país generar climas antisindicales ni tampoco antiempresariales", sostuvo una fuente que participó de la reunión.

Al término de la cita, si bien Santa Cruz calificó la reunión como "productiva" porque se mantiene el diálogo y seguirán conversando, recalcó que reiteraron que lo que conocen de la reforma laboral "no va en la dirección correcta".

El líder de los privados insistió en los puntos críticos del proyecto (rechazo a terminar con el reemplazo en huelga, titularidad sindical, pisos mínimos, etc).

En efecto, el gobierno les señaló que su objetivo es generar una institucionalidad laboral donde las materias se resuelvan por acuerdo entre las partes vía una mejor negociación colectiva, la que a su vez puede hacer más productivas a las empresas para que puedan adaptarse con mayor facilidad a los entornos cambiantes de una economía abierta.

En esa línea se abrirá el abanico de temas de la negociación colectiva para que puedan generarse pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, por ejemplo.

Santa Cruz, quien estuvo acompañado del presidente de la comisión laboral de la CPC, Rafael Guilisasti y del gerente general de la entidad, Fernando Alvear, indicó que la autoridad les manifestó que aún quedan materias por definir y, por tanto, "una vez conocido el proyecto de ley vamos a pronunciarnos de forma definitiva".

Las reuniones con los privados continuarán y el viernes será el turno de la CUT y de la Nueva Mayoría. Una vez cerradas estas rondas los expertos de ambos ministerios se concentrarán el fin de semana en elaborar el proyecto de ley y el lunes se hará entrega del mismo a todos los actores, una vez que la Presidenta lo haya dado a conocer.

Temporales

El proyecto que entrará al Congreso el lunes, también incluirá un capítulo con medidas destinadas a quienes desempeñan funciones de manera temporal.

El gobierno eliminará la prohibición que establece el Código del Trabajo para que los trabajadores contratados por obra o faena (ver definiciones) puedan negociar colectivamente.

Uno de los interlocutores del Ejecutivo en esta materia fue la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este es el  rubro que concentra la mayor cantidad de trabajadores temporales. De los 452 mil empleados en construcción, el 58% tiene contrato definido. En total, 1.547.290 personas realizan funciones bajo esta modalidad en distintos sectores, lo que equivale al 27% de los trabajadores dependientes (ver infografía). De ellos, el 62% son hombres.

Augusto Bruna, consejero Nacional y Presidente Comisión Laboral de la CChC, asegura que el plan informado por el gobierno consiste en permitir la negociación, pero sin derecho a huelga y con mediación obligatoria, abriendo la opción de arbitraje en caso de que las conversaciones no conduzcan a buen puerto.

"Se pensó en algo amplio. Una medida de este tipo es particularmente importante para ciertas obras de construcción, como vivienda, edificación de oficinas. La idea es que se negocie al comienzo de una obra. Este acuerdo sería para cosas básicas como sueldos base, condiciones de trabajo, elementos de seguridad, lockers, etc", especifica.

Hoy, todo trabajador está habilitado para negociar colectivamente. Las excepciones las establece el artículo 305 del Código del Trabajo, que incluye dentro de los sujetos que no pueden formar parte de un proceso de ese tipo a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, así como a aquellos contratados exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de temporada. Tampoco pueden negociar colectivamente los gerentes, subgerentes y personas autorizadas para contratar o despedir empleados, ni los trabajadores que dentro de la empresa ejerzan un cargo superior de mando e inspección, entre otros.

Estas modificaciones se enmarcan dentro de los pilares definidos por el programa de gobierno para el proyecto: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga efectiva. Sin embargo, durante los últimos meses también tomaron fuerza otros puntos.

Quórum para pymes

Tras negociaciones con los representantes de las pequeñas y medianas empresas, el Ejecutivo resolvió elevar el quórum requerido para conformar un sindicato.

Hoy la ley señala que para que un sindicato pueda constituirse y funcionar en una empresa con 50 ó menos trabajadores debe contar con al menos ocho de ellos. Según fuentes involucradas en la redacción del proyecto, este requisito aumentará  sobre 10.

La iniciativa también establecerá el contrato colectivo vigente como piso mínimo para la negociación colectiva, otorgará la titularidad de los beneficios obtenidos en dicho proceso a los sindicatos y prohibiría el reemplazo en huelga, permitiéndolo solo en funciones determinadas como esenciales. El cambio normativo será aplicado de manera gradual.