Tras casi una década de espera para adecuar la ley chilena a los estándares internacionales en materia de solvencia bancaria -post crisis financiera- la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Eric Parrado, el envío del proyecto de Ley General de Bancos (LGB).
La normativa trae consigo nuevas exigencias en tres ámbitos: mayores requerimientos de capital hacia Basilea III; el fortalecimiento del gobierno corporativo de la SBIF, y nuevas herramientas de resolución bancaria. Al respecto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, destacó que el proyecto incluye un enfoque completo sobre gestión de riesgo particular en lo que se refiere al manejo del ciclo económico. "La creación del colchón contracíclico es un paso de la mayor importancia que completa el marco de política contracíclica, complementa la operación de la política fiscal en función del ciclo económico y ahora nos va a permitir que el crédito también se maneje de modo más estable en el ciclo económico".
El proyecto de ley ingresará este martes a la Comisión de Hacienda de la Cámara, esperándose una rápida tramitación, según Valdés. "Muchos diputados nos han dicho que están interesados en hacer un trato cuidadoso e intenso de modo que se pueda avanzar. Es un proyecto importante porque nos permite mayor desarrollo financiero, mejor financiamiento y más seguridad para el país".
El diputado Pablo Lorenzini, miembro de la Comisión de Hacienda, que debatirá el proyecto a partir de este miércoles, dijo, tras participar del tradicional almuerzo parlamentario de los lunes con el ministro de Hacienda, que el envío al Senado del proyecto "debiera ser en julio".
Fondos a BancoEstado
En materia de capitalización, un tema clave es el costo fiscal que pueda acarrear la migración hacia Basilea III del BancoEstado, la que se estima entre US$ 1.000 millones a US$ 1.500 millones. Al respecto, el ministro Valdés recalcó que "los montos de capitalización que va a implicar no están finalizados" ya que hay que esperar que se haga la ley. "Los bancos van a tener un período de transición y en el caso de BancoEstado hay elementos propios que facilitan esta transición. El Estado va a tener que poner más capital en el tiempo, a través de retención de utilidades y otras capitalizaciones, igual como lo debe hacer el sector privado", dijo.
Consultado por la cifra, el presidente del estatal, Jorge Rodríguez Grossi, agregó que "esperamos que esto esté dentro de ese orden y como exigencia para el banco, eso es algo totalmente alcanzable". Añadió que "siempre va a depender del dueño la decisión de si pone o no los recursos. Lo que sí decimos es que en los últimos 10 años el Estado nos ha puesto US$ 1.600 millones de capital y nosotros hemos sido capaces de devolverle US$ 2.600 millones, entonces creemos que BancoEstado es un gran banco que le sirve mucho al Estado para poner en prácticas políticas públicas de inclusión financiera y, además, es un buen negocio", dijo.
Nuevas exigencias
La nueva LGB, si bien mantiene el mínimo de patrimonio efectivo de los bancos en 8% de los activos ponderados por riesgo (APR), eleva las ponderaciones de riesgo sumando el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el operacional. De esta forma, se aumenta el requisito mínimo de capital Tier 1 (capital -acciones y utilidades- de alta calidad) de 4,5% a un 6% de los APR, en que el adicional de 1,5% podrá conformarse por acciones preferentes o bonos sin plazo de vencimiento. Y, además, se exigirá un "colchón de conservación" de 2,5% de los APR, que deberá estar conformado por capital básico. Con estas tres medidas en definitiva el patrimonio mínimo exigido sube de 8% a 10,5%.
Además, el proyecto contempla exigencias de capitales adicionales contracíclicos, que fijará el Banco Central y que en caso de incumplimiento implicará restricción del reparto de utilidades. También habrá más exigencias de capital a bancos que por su tamaño tienen importancia sistémica, las que pueden alcanzar hasta un 3,5% de los APR y reemplaza al concepto de participación significativa.
Además, la propuesta del Ejecutivo contempla ampliar al garantía estatal a los depósitos a plazo, eliminado el límite de cobertura del 90% de las obligaciones y aumentando de 120 UF ($ 3,1 millones) a 200 UF ($ 5,3 millones) el límite de las obligaciones en un mismo banco.
