Las bases de datos con la información de los carnés y pasaportes de los chilenos fueron manipuladas de manera irregular al interior del Registro Civil. Es por esto que el Ministerio Público y la Contraloría investigan por qué un funcionario copió la información de un número indeterminado de personas y también, qué hizo con esos datos.

El 30 de octubre de 2013, la directora del Registro Civil, Claudia Gallardo, presentó una denuncia en la Fiscalía Centro Norte, donde se solicitó indagar los hechos detectados en el Departamento de Informática del servicio. En un mail interno, con fecha 7 de octubre de 2013, se indica que "la base encontrada corresponde a una base de datos con 50.481.298 de registros relativos a documentación de cédula y pasaporte de TODOS los chilenos", y se señala que la copia de información fue hecha el 12 de septiembre de 2013, en pleno paro de funcionarios y cuando el director del organismo era el destituido Rodrigo Durán (ver nota secundaria).

Según la directora, "yo recibí antecedentes de una situación irregular detectada por funcionarios del Departamento de Informática del Registro Civil y decidí presentar la denuncia correspondiente de manera inmediata".

Gallardo añadió que, además, ese mismo día instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, el que fue tomado por la Contraloría General de la República. Fuentes del servicio indicaron que los funcionarios del departamento de informática ya han sido entrevistados por personal de la PDI y también por la Contraloría. Consultados sobre esta investigación, la PDI indicó que no se referirán al tema, porque es una indagatoria que está en curso.

DATOS SENSIBLES

La mayor preocupación al interior del Registro Civil es no tener certeza de qué ocurrió con los datos que fueron copiados por orden de un directivo, supuestamente, para resguardar información durante el paro. Según una alta fuente del servicio, esos datos "de cédulas y pasaportes se copiaron por orden" de un subdirector de un departamento, quien le encargó esa tarea a un funcionario que trabajaba a honorarios. Ninguno de los dos hoy está en el R. Civil, porque fueron despedidos.

¿Pero qué importancia tiene esta información? Se trata de datos que, por ejemplo, son de interés de empresas del retail o de incluso otros países, que pueden ser vendidos y utilizados de mala forma. Según el académico de la PUCV Renato Jijena, "en Chile existe un tráfico de información y base de datos. Hay empresas que van a pagar mucho dinero para tener una base actualizada y fidelizada con todos los antecedentes. Hay decretos de seguridad de sistemas que deben cumplir los servicios públicos".

El experto añadió que "si a propósito de esta investigación penal se demuestra que los protocolos de seguridad del sistema no son los adecuados, son endebles, frágiles o no se fiscalizaron, ahí les cae la responsabilidad administrativa".

De acuerdo con la información entregada por fuentes del R. Civil, "después del paro alguien se dio cuenta de que había una copia de las bases de datos que no correspondía y a la que se podría tener acceso con facilidad".

De ser comprobado esto, implicaría que se vulneraron los protocolos establecidos al interior del servicio, en los que "se definen perfiles de usuario de acuerdo a la función que se va a desarrollar", explicó la directora.

Este tema también fue puesto en conocimiento de la Asociación de Funcionarios del R. Civil, cuya presidenta, Nelly Díaz, informó al Ministerio de Justicia. "Nosotros entregamos los antecedentes a las autoridades y ellas son las responsables de que se aclara qué pasó", sostuvo la dirigenta.

A juicio de Díaz, se trata de "una situación grave, porque el servicio por ley está obligado a proteger los datos de las personas. No podemos entregar información a nadie".