Rodrigo Valdés quiso iniciar su segunda semana como ministro de Hacienda dejando las cosas claras. Sin perder el tiempo, este lunes y en su primera intervención ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Trabajo, acotó el debate de la reforma laboral. Y lo hizo cerrando la puerta a peticiones del oficialismo.

Si bien en el Congreso reconocen que se trata de una definición que también practicó su predecesor, Alberto Arenas, la alocución de Valdés fue percibida con mayor dureza en la Nueva Mayoría. De hecho, la autoridad fue tajante en señalar que tanto la negociación ramal como la indexación al IPC del piso mínimo a negociar,  implican riesgos "complejos de sobrellevar" para la economía, que no conviene tomar. "Debemos volver hacia el espíritu del equilibrio original del proyecto", dijo, abriendo paso a dudas en el oficialismo.

"Se puso demasiado pro empleador. Debería mirar un poco el interés de los trabajadores", criticó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Similar es la visión del diputado independiente Sergio Aguiló, quien acusó que Valdés "está siendo vocero de un grupo ultra privilegiado del país, sin quererlo, porque está honestamente interesado en que la economía crezca".

Con un dejo de ironía, el diputado Osvaldo Andrade (PS) señaló que "todos los ministros de Hacienda siempre dicen lo mismo (que no quieren afectar la economía con este tipo de medidas). Eso es igual que los economistas de derecha. Ellos siempre pensarán distinto a nosotros. Ya no me sorprende".

Andrade señaló que insistirá en la negociación ramal, aunque advirtió que en esta etapa del proceso no se ve posible.

Giorgio Jackson, diputado RD, recordó que en la intervención  ante la Comisión del Trabajo, el ministro Valdés repitió más veces la palabra crecimiento que trabajadores.  "Hay que preguntarse si el fin justifica los medios, si el crecimiento económico justifica condiciones injustas para los trabajadores. Esa es una pregunta que debe hacerse el gobierno en el seno más profundo de su ideología", dijo.

Manuel Monsalve, jefe de la bancada PS le pidió a Valdés que clarificara qué significaba volver al proyecto original. "Si quiere colaboración y respaldo de los parlamentarios socialistas, tiene que venir a explicar exactamente a qué se refiere", señaló.

Si bien reconoce que la estrategia del Ejecutivo ha sido mantenerse fiel al programa de gobierno en materia laboral -todos los titulares han defendido que la negociación colectiva debe desarrollarse en el marco de una empresa y no a nivel sectorial o ramal- el diputado DC, y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín considera que existió una fuerte presión del empresariado. "Perseveraremos en nuestros planteamientos a futuro. Quedará como tarea pendiente, aunque, sin duda, la reforma que salga, será un avance significativo que mejorará los derechos de los trabajadores y fortalecerá a los sindicatos", acotó Vallespín.

El debut de Valdés en el debate laboral fue bien recibido en la oposición y el empresariado. De hecho, el diputado UDI Patricio Melero citó sus argumentos en varias de sus intervenciones. Por ejemplo ayer, mientras discutían la posible indexación al IPC del piso mínimo a negociar: "Cuando es automático y para todos se generan dos elementos negativos, como lo explicó el ministro de Hacienda, que es el riesgo de mayor inflación (…) lo otro que argumentó muy bien el ministro de Hacienda es la vulnerabilidad que genera en el empleo".

Caminos a seguir

Hasta la primera semana de junio se podría extender el debate de la reforma laboral en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. A no ser, que la instancia logre aprobar la iniciativa en la sesión extraordinaria que programaron para hoy.

Sin embargo, gran parte de las temáticas que solicitó el oficialismo pertenecían a materias en las que sólo tiene facultad de legislar el Ejecutivo. De ahí que el grueso de las más de 800 indicaciones que ingresaron a la comisión fueron rechazadas.

Entre esas solicitudes, aquellas que contaban con respaldo prácticamente unánime al interior de la comisión a nivel de oficialismo, eran avanzar en la negociación ramal, reajustar el piso mínimo a negociar, desligar  los pactos de adaptabilidad de la negociación colectiva y garantizar el reemplazo en huelga acotando la definición de servicios mínimos. El camino que quedaba, tras la resistencia del Ejecutivo a apoyarlos, era votar su admisibilidad.

Sin embargo, esta opción sería descartada. "No vamos a usar la admisibilidad de manera irresponsable, porque eso significaría terminar en el Tribunal Constitucional (…) No vamos a entrar en ese juego. Esperamos que al menos el Ejecutivo de una señal en materia de servicios mínimos, que es fundamental para nosotros, porque garantiza el efectivo derecho a huelga", señaló Vallespín.