Chile tiene un desafío "que hay que enfrentar" en relación al tema mapuche. Con esas palabras, el relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, sugirió hoy al gobierno que inicie un proceso para obtener la confianza de las etnias.
A juicio del funcionario, uno de los aspectos a superar es el "excesivo uso de la fuerza" y la criminalización de la protesta indígena. "Ha habido un uso excesivo de la fuerza en diversas ocasiones. Además se ha aplicado la ley antiterrorista contra aquellos que protestaban, para mí no corresponde. Mi antecesor ya recomendó que se suspendiera la aplicación de esa práctica, pero el gobierno no lo ha hecho", aseguró Anaya.
"Yo comparto que el gobierno tiene el derecho y el deber de mantener el orden público, y repudio la violencia como forma de protesta, pero debería haber una comprensión especial para este contexto", añadió el relator de la ONU.
En este sentido, Anaya dijo que "el mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia, es un desafío, pero hay que enfrentarlo, sin él no se podrá avanzar", declaró.
El relator especial presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en el país, a raíz de la visita que realizó a Chile del 5 al 9 de abril de este año.
En el documento, Anaya reconoce los avances realizados por el Estado en la materia, como la ratificación del Convenio 169 y las iniciativas en manera de reforma constitucional, pero también identifica los desafíos, en especial la recuperación de la confianza.
"Las iniciativas que tome el gobierno en aras a mejorar la situación de los indígenas, aunque sean buenas, van a ser difícilmente aceptadas si no participan los indígenas, si no tienen confianza en el proceso", sostuvo el relator de la ONU.
Además, Anaya hizo hincapié en señalar la necesidad de que los indígenas recuperen sus tierras ancestrales, tal y como lo afirma la legislación internacional y la jurisprudencia interamericana. "El Estado de Chile tiene la obligación de devolver las tierras ancestrales, no es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es detectar cuáles fueron de ellos".
