El subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña y el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, firmaron hoy un convenio de colaboración mutua que permitirá a los internos del sistema penal a nivel nacional, trabajar en la construcción de viviendas sociales y recibir una remuneración por su trabajo.
Las autoridades -quienes visitaron el Centro Detención Preventiva (C.D.P) Santiago Sur, la ex Penitenciaría- destacaron la alianza como un nuevo hito en materia de reinserción durante el gobierno del Presidente Piñera.
"La reinserción sólo es posible si después de pasar por una unidad penitenciaria los internos tienen oportunidades. Si nosotros les cortamos las alas a quienes están aquí, es muy poco probable que podamos cortar ese círculo de la delincuencia y por lo mismo tenemos que entender que estos esfuerzos están apuntados precisamente a dotar de mayor seguridad a las personas", dijo el subsecretario Piña.
Por otro lado, informó que actualmente hay 1.284 internos con un contrato laboral, trabajando en industrias de distintos rubros.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, resaltó la iniciativa, la primera de este tipo en el país, donde la necesidad de mano de obra se entrelaza con la reinserción laboral de los internos, junto con otorgar un beneficio directo a la comunidad.
"En muchos lugares se da la coincidencia de escasez de mano de obra que dificulta la construcción de viviendas sociales u obras urbanas, y por otra parte se le da una oportunidad a los reclusos de lograr la reinserción laboral. Este convenio favorecerá tanto a hombres como mujeres privados de libertad, quienes podrán capacitarse y trabajar, directamente contratados por una empresa constructora para la asignación de tareas y el pago de remuneraciones, que se traduce en un apoyo concreto al ingreso familiar de los internos", afirmó el secretario de estado.
Gendarmería de Chile supervisará el comportamiento de los internos y podrán acogerse al programa quienes tengan salidas controladas al medio libre, salida dominical, libertad vigilada, libertad intensiva, reclusión parcial y remisión condicional.
La alianza tuvo su origen en un acuerdo firmado en la región de Atacama en el mes de junio, tras lo que se acordó expandir la iniciativa a nivel nacional.
