¿Qué desafíos hay a 10 años de la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil?
Hay varios, como que la privación de la libertad tiene que ser de último recurso, porque uno mira evidencia y el grado de posibilidad de que haya reinserción social para los adolescentes es evidente.
¿Chile está haciendo una buena labor preventiva para evitar que los niños tengan estos problemas?
Hay muchos programas de protección social, pero lo importante es integrarlos. En el Congreso está el proyecto de ley que establecerá garantías para la infancia, lo que daría un marco para que haya una intersectorialidad.
¿Y esa sería la solución?
Es el momento de que el sistema penal juvenil no se enfoque solo en sí mismo, sino que sea integrado, porque las políticas y los programas de protección social deben estar destinados a los niños y sus familias para prevenir situaciones a futuro. Y que el número de niños que actualmente terminan en el sistema penal sea muchos menos.
¿Cómo cree que evolucionará este tema?
Estamos en un momento muy importante para Chile, que está enfrentando un escenario demográfico que está envejeciendo. Así que invertir en niños hoy es invertir en generaciones más saludables, productivas, más capaces, más profesionales y mejores. Es mucho más efectivo invertir en prevención y en los niños hoy, para que Chile cuente con adultos más sanos.
