El presidente de Repsol, Antonio Brufau, acusó hoy al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación a precio de saldo, por lo que pedirán una compensación de al menos US$ 10.500 millones.

En una conferencia de prensa en Madrid, Brufau calificó la intención del Gobierno argentino de nacionalizar la filial de Repsol de acto "absolutamente ilegítimo e injustificable" y relacionó esta actuación con el descubrimiento del yacimiento "Vaca Muerta", uno de los más importantes de los últimos años.

El presidente de la petrolera española anunció que recurrirá al arbitraje internacional y exigirá una compensación "pronta" por las acciones expropiadas, al menos por la misma cantidad que la que le correspondería a los accionistas de acuerdo con la ley y que la compañía cifra en 46,55 dólares por acción, lo que supone valorar YPF en un valor total de 18.300 millones de dólares.

Según Brufau, los importantes hallazgos de hidrocarburos no convencionales realizados en Argentina son "muy golosos" y hay gente que opina que no se pueden dejar en manos de quienes, como YPF, tienen derecho a gestionarlos.

En este sentido, aseguró que Repsol ha recibido por escrito ofertas "interesantes" para participar en YPF.

El presidente de Repsol explicó que pese a sus reiterados intentos de reunirse con la presidenta argentina, Cristina Fernández, para tratar de buscar una solución negociada al conflicto desatado en torno a YPF, la mandataria se negó.

"He pedido poder hablar con Cristina para intentar saber qué es lo que quiere y cómo podíamos todos llegar a acuerdos. No ha sido posible porque está muy ocupada. No he tenido oportunidad de verla", lamentó Brufau, quien recordó que Argentina tampoco ha querido escuchar al Gobierno español.

El presidente de Repsol criticó también el asalto a la sede de YPF protagonizado ayer por funcionarios argentinos, a los que vieron "echando a nuestra gente y tomando el control de la compañía antes incluso de que la presidenta acabase de explicar el decreto de expropiación".

"Estos actos no quedarán impunes", advirtió Brufau, quien ha recordado que el representante del Estado argentino en el directorio de YPF "ha apoyado a lo largo de una década todas y cada una de las decisiones" adoptadas.

En su opinión, la intención de expropiar YPF también está relacionada con la profunda crisis económica y social por la que atraviesa Argentina, consecuencia, entre otros motivos dijo de malas decisiones en política energética.

"Esta no es la Argentina querida. La gente argentina merece más cosas que las que estamos viendo", afirmó Brufau.

También defendió las inversiones realizadas en el país sudamericano e insistió en que se trata de una decisión "discriminatoria" porque la nacionalización sólo afecta a YPF y porque, dentro del capital de ésta, sólo a las acciones en manos de Repsol.

"¿Cómo se nos puede decir que somos el único responsable?. Si esto no es discriminación, ¿qué es?. Somos una compañía española y hay ganas de bronca", agregó Brufau.

Actualmente, Repsol controla el 57,4 % del capital de YPF, compañía de la que el Ejecutivo argentino pretende controlar el 51 % mediante la expropiación de sus acciones.