Serán dos los requerimientos que presentará Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional (TC) para apelar en contra del proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en tres causales.

Mañana, a primera hora, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, llegará hasta la sede del TC para presentar el documento definitivo -que consta de 67 páginas- y que fue avalado por otros 10 senadores, además de la ex intendenta: Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot, Iván Moreira, Hernán Larraín, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Baldo Prokurica y Ena von Baer. Ni los RN Andrés Allamand y Alberto Espina se sumaron al requerimiento, finalmente, por diferir de la apelación por la primera causal.

Los senadores recurrirán al TC un día después de que se constituya la comisión mixta. Por la Cámara Baja ya se definió que la conformarán Claudia Nogueira (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Víctor Torres (DC), Marco Antonio Núñez (PPD) y Leonardo Soto (PS). El proyecto del gobierno fue aprobado en el Senado, sin embargo sufrió un traspié en la Cámara Baja. Por eso, la comisión mixta -que se constituye hoy con la designación de los senadores que la integrarán- definirá el futuro de la iniciativa.

Pese a que en un momento se planteó el día de hoy como fecha para su presentación, en el equipo jurídico explican que hubo problemas de agenda entre los abogados constitucionalistas de la Universidad Católica que protagonizarán los alegatos: Miguel Ángel Fernández y quien se sumase en los últimos días, el socio principal del estudio Baker McKenzie y experto litigante, Rodrigo Díaz de Valdés.

La estrategia de Chile Vamos al presentar dos textos es apelar "en unidad" en torno a eliminar las tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

Pero los argumentos del Senado y de la Cámara son distintos, aunque ambos equipos jurídicos han trabajado de forma coordinada.

Una decisión legislativa

Una de las bases para rechazar el proyecto de ley del gobierno, según consignan los senadores en el texto final al que accedió La Tercera, es que este "no despenaliza la 'interrupción voluntaria del embarazo', sino que legaliza el aborto directo o provocado".

Una de las razones de lo anterior es que, explican, la iniciativa "manda e impone a terceros la obligación de realizarlo, como prestación de salud, para garantizar así el derecho subjetivo de la mujer y su ejercicio".

En los últimos días se agregó al borrador que circuló hace unas semanas una "introducción política" que deja ver la principal diferencia entre los dos requerimientos: "Darle racionalidad al debate", dicen en el equipo jurídico.

¿Por qué? Los senadores no han estado indiferentes ante la posible "presión política y social" que podrán vivir los ministros al momento de votar.

Entre los senadores firmantes no dudan de la fuerza jurídica de sus razonamientos, pero sí de la influencia que se pueda ejercer sobre los ministros, por eso, añaden, se hace necesario que quede registro sobre lo político.

Ese texto fue redactado la semana pasada por Fernández, por encargo de los propios parlamentarios.

"Es indudable que todos quienes hemos intervenido en el debate parlamentario, desde el gobierno y la oposición, no sólo reconocemos, empatizamos y adherimos al sufrimiento y al dolor que la madre y las demás personas afectadas", se señala.

Y luego agregan: "Aquello no está en cuestión. Como tampoco creemos que quienes apoyan el contenido del proyecto que objetamos deban ser, sencillamente y en todos los casos, considerados como contrarios a la vida. Se trata de plantear si una determinada decisión legislativa se ajusta o no a la Constitución".

En esa línea, los argumentos de los senadores no presuponen que el que está por nacer es persona, sino que se basan en que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Y, en consecuencia, crear "un derecho subjetivo" de abortar es contrario a la Carta Magna.

Con este fundamento, el objetivo es alejar la discusión de las "convicciones" o de "lo valórico", sino consignar que se está legislando en contra de la Constitución y que, por la misma razón, de aprobarse la ley, se extralimita el mandato de la competencia del Congreso Nacional al infringir la Carta Fundamental. "La Constitución obliga directamente a gobernantes y gobernados. A todos los órganos del Estado, incluido el legislador. Este debe someter su actuar a la Constitución, conforme a lo establecido en ella", se consigna.

"Yo espero que los miembros del Tribunal Constitucional sean capaces de resistir la presión de la Nueva Mayoría y de grupos de izquierda y que evalúen los requerimientos desde el punto de vista jurídico", dice a La Tercera la senadora Van Rysselberghe, quien ha liderado la ofensiva.

Los alegatos de la Cámara Baja, por su parte -que se presentarán el viernes próximo- se basan en la tradición del TC, sobre todo por su fallo de 2008, en que este órgano reconoció como persona al que está por nacer.

Discriminación arbitraria

Desmenuzando los argumentos que plantean los senadores, para la causal dos y tres -inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación, respectivamente- los senadores apelan a la discriminación arbitraria.

Para la segunda causal, se dice que se discrimina al que está por nacer en cuanto no le permite derecho a vivir a quien padece de una enfermedad. Mientras que, para la tercera causal, se presume que se debe abortar a quien fue concebido por una relación sin consentimiento.

Con todo, en los equipos jurídicos de la oposición creen que, dada la presión, "el TC no se la va a jugar por el todo o por el nada".