El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Carlos Abel Jarpa, valoró la presentación por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley que sanciona con una pena de 541 días a 3 años de cárcel a quien dé falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.

Esto, en respuesta a la reiterada instalación de bombas y a los permanentes y sistemáticos avisos de supuestos artefactos explosivos en sitios públicos en el último tiempo que han conmocionado tanto a los organismos de emergencia como a la propia ciudadanía.

El parlamentario radical señaló que en los antecedentes de la iniciativa se explica que "el complejo fenómeno ocasionado por la reiterada instalación de bombas durante el último tiempo en numerosos lugares de acceso público, como asimismo las reiterados avisos de supuestos artefactos explosivos en distintas entidades y servicios públicos, han generado un extenso despliegue de medidas de seguridad de los órganos de control policial, ocasionando un clima de inseguridad en la población".

La propuesta de gobierno busca modificar el Código Penal, que sanciona a quienes incurran en esta acción con una pena de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de prisión.

Sin embargo, y debido a la situación planteada a nivel social y policial, se agrega que cuando dicha alarma haya ocasionado tumulto, congestión, suspensión de servicios o haya afectado el orden o la seguridad pública de la población o de una parte de ésta, "la pena se aumentará en un grado, es decir a reclusión menor en su grado medio, o sea, de 541 días a 3 años".

"Esperemos que esta iniciativa sea aprobada a la brevedad por las comisiones de Gobierno Interior y Seguridad Ciudadana a fin de desincentivar a quienes cometen este delito", concluyó el diputado radical.