En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó ayer la querella contra quienes resulten responsables de los desórdenes que bloquearon el acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. En la acción legal, el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, donde solicitó penas de cárcel para los responsables.
En el documento se relata cómo sucedieron los hechos: "Alrededor de 150 conductores de taxis bloquearon la intersección de las calles Celedón Palma y Armando Cortines". Más adelante se da cuenta del fallecimiento del turista brasileño de 65 años, vinculando ambos incidentes.
De acuerdo con esto, explicaron que "cometen delito contra el orden público: letra c) Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones".
Enseguida, el gobierno indica que el delito está consumado y que "es aplicable, además, las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 12.927 (…). Los delitos contemplados en las letras c), d) y e) del mismo artículo serán penados: con presidio mayor en su grado medio (10 a 15 años) a presidio perpetuo si se diere muerte a alguna persona o se le infirieren lesiones graves".
La Ley de Seguridad del Estado ha sido invocada por este gobierno, entre 2014 y este año, en 49 ocasiones (incluida la de ayer). De estas, 30 veces fue en la Región de La Araucanía, 13 en el Biobío, cinco en la Región Metropolitana y una vez en el Maule.
Comparación
Para el decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales (UDP), Juan Enrique Vargas, "la utilización de esta ley era resistida, ya que estaba muy asociada a la dictadura; sin embargo, en 2012, cuando la invocó el gobierno de Ricardo Lagos contra los micreros que paralizaron Santiago, se marcó un quiebre".
En 2002, los empresarios de las "micros amarillas" realizaron un paro en Santiago que afectó a prácticamente toda la capital. En ese entonces, el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, se designó un ministro en visita para investigar el caso, y finalmente los dirigentes fueron procesados y condenados en primera instancia a pena remitida (en libertad).
"La figura es bastante parecida, sin duda se disminuyó la capacidad de movimiento de las personas. En esta ocasión también se arriesgan penas de cárcel". Sin embargo, Vargas, descarta que la muerte del turista sea un agravante en este caso: "No hubo dolo, fue un accidente".
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que "es un hecho extraordinariamente grave (...) en relación con el fallecimiento del turista, habrá que ver qué grado de responsabilidad y si esto obedece a algún acto que sea imputable a alguna persona en particular o a un grupo de personas en particular, con el objeto de poder imputarle un homicidio culposo respecto de la situación ocurrida".
Sobre cómo se puede dar con los responsables, sostuvo que muchas veces estas convocatorias son por las redes sociales, por lo que "nos puede permitir eventualmente llegar a establecer por esa vía a quiénes son los responsables de estos hechos".
