Minutos antes de que se iniciara la sesión de la sala de la Cámara, el diputado DC José Miguel Ortiz, quien había sido designado como coordinador de la acusación constitucional contra la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe, ingresó a la oficina de partes de la corporación.
Allí, sin mayores formalidades, escribió a mano, con letras grandes y desordenadas, una carta en la que desistía del libelo. "Vengo a retirar mi firma de la acusación en contra de la señora intendenta de la Región del Biobío. Dejo constancia de que lo hago también en representación de todos los firmantes", escribió Ortiz. El texto fue timbrado a las 10.45.
Pese a que el retiro de la acusación ya estaba definido desde el lunes, tras la salida de la jefa regional, la repentina acción del diputado molestó a un sector de la Concertación, que apostaba por alargar la vida de la acción constitucional. La idea de algunos era dar espacio a discursos en la sala y sólo entonces desistir colectivamente del libelo.
El diseño se confiaba en los análisis jurídicos que indicaban que había margen para retirar la acusación hasta antes de que se concretara la notificación a Van Rysselberghe. Después de ese hecho -que puede materializarse dentro de tres días-, el libelo pasaba a ser irreversible.
Pero había otro sector de la oposición que no quería seguir prolongando el episodio y propugnaba por evitar que se diera cuenta de la presentación en la sala.
Ese dilema motivó ayer en la mañana una carrera de reuniones y llamadas telefónicas entre parlamentarios de la Concertación, que volvía a dividirse tras el clima de unidad que había generado la ofensiva en contra de Van Rysselberghe.
No obstante, en la reunión de régimen interno -cita previa al inicio de cada sesión de sala-, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, amenazó a los jefes de bancada de la Concertación, diciendo que si no retiraban el libelo antes de la sesión, no daría pasos atrás y que cursaría inmediatamente la notificación a Van Rysselberghe.
Frente al riesgo de desencadenar una seguidilla de pasos constitucionales, cuyos resultados eran inciertos, los jefes de bancada de la DC, Aldo Cornejo; del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, Fernando Meza, se reunieron a solas y le pidieron a Ortiz que retirara las firmas.
El acuerdo, sin embargo, no alcanzó a ser comunicado al jefe de diputados socialistas, Alfonso de Urresti, quien justo en ese instante se había ausentado para conversar con su grupo parlamentario. "No vamos a aceptar que la DC esté pauteando los ritmos de la acusación", reclamó De Urresti, al enterarse del repentino fin del libelo. El hecho tampoco fue advertido al PC, que también protestó.
Al interior de las filas opositoras también había molestia. Incluso, el DC Pablo Lorenzini anunció su renuncia como subjefe de bancada, tras enterarse del retiro de las firmas. "Aquí hay una acusación seria y bien estudiada, que debió haber seguido su curso", dijo Lorenzini.
Para intentar calmar los ánimos, Cornejo dio las excusas a sus pares y asumió que hubo "un error de procedimiento", debido a la urgencia para poner fin al libelo, que impidió avisar a todos debidamente.
