El barco oceanográfico "Pourquoi pas?", encargado de las investigaciones de las cajas negras del Airbus A330 de Air France siniestrado el 1 de junio entre Río de Janeiro y París, está "en la zona" y ha comenzado la observación de los fondos marinos.
La embarcación del Instituto Francés de Investigación y Explotación del Mar (Ifremer) llegó, como estaba previsto, el pasado lunes "a la zona, para acometer la segunda fase de la investigación de los registradores de vuelo del AF447", informó el Organismo de Investigación y Análisis (BEA) en un comunicado.
"El trabajo de observación de los fondos marinos comenzó, en la zona considerada como la más probable, con la ayuda de un sónar" y los submarinos "Victor 6000" y "Nautile".
El BEA señaló que "en un primer momento" será necesario "identificar el lugar dónde se encuentran los restos del avión, para después proceder a la búsqueda de los registradores".
Estos dispositivos pueden ser determinantes para explicar el accidente, si bien la profundidad a la que se encuentran se calcula que entre 3.000 y 3.500 metros y el relieve del océano Atlántico en la zona del siniestro en el que fallecieron 288 personas, dificultan la tarea.
La primera fase de las investigaciones, que consistió en la búsqueda y registro de señales acústicas, finalizó el pasado 10 de julio, pues estos dispositivos dejan de emitir un mes después del accidente.
Tras esta iniciativa, Francia movilizó el submarino nuclear de ataque "Emeraude", la primera vez que se utilizaba para este tipo de operaciones.
Por otra parte, el BEA "toma nota del compromiso de Airbus de participar financieramente en la continuación de las investigaciones, si una tercera fase, en la zona, se considerara necesaria", apuntó asimismo en el comunicado.
En este sentido, el presidente ejecutivo de Airbus, Tom Enders, informó del compromiso de la compañía "a apoyar la continuación de la investigación mediante la aportación de una contribución importante", destacó en declaraciones al diario "La Tribune".
Así, Airbus destinaría una inversión de entre 12 y 20 millones de euros, distribuidos en tres meses como mínimo, a las investigaciones de el BEA.