Señor director

El proyecto de ley de reforma a la educación superior no está a la altura de lo que el país requiere. No considera el sistema mixto y diverso actual; lo público se describe solo desde la lógica de la propiedad estatal, sin reconocer más de un siglo de historia de universidades de compromiso público, las que educan a estudiantes vulnerables con talento y aportan la mayoría de los bienes públicos en investigación.

La autonomía está en grave riesgo; a través de la Subsecretaría y Superintendencia, se hace muy rígido y regulado el sistema, derivando en un Estado controlador, a cargo del sistema de admisión y con funciones excesivas en el control de la transferencia de conocimiento e innovación. El proyecto carece de una mirada regional, ignorando a las universidades de las zonas extremas, y no aporta al desarrollo de la educación técnico profesional, que incluye a los estudiantes más vulnerables.

El financiamiento institucional adolece de  falta de un estímulo para la investigación, sin inyección de recursos,-entregados por ley y con evaluación de resultados-, junto a la ausencia de nuevos fondos concursables. La gratuidad se propone para el 60% de los estudiantes más vulnerables, con un sistema de crédito que modifica el CAE, asimilándolo al Fondo Solidario. Junto a producir un gran desfinanciamiento, preocupa la fijación de todos los aranceles, afectando el desarrollo institucional.

El proyecto es un grave retroceso, ya que se preocupa más del control que del desarrollo e innovación. Solo con el foco puesto en la calidad, con equidad y autonomía podremos desarrollar el sistema de educación superior que el país requiere.

Ignacio Sánchez D.

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile