Gendarmería envió un oficio el sábado al Juzgado de Garantía de Temuco para recomendar que los detenidos por los atentados no fueran enviados a la cárcel de esa ciudad por no reunir las condiciones de máxima seguridad. Finalmente, el tribunal decidió, tras la formalización, derivarlos a otros recintos penales.

En ese documento del servicio firmado por el director regional, coronel Luis López, se explica la situación en que viven los distintos condenados e imputados relacionados con hechos de violencia rural. "Actualmente, el dormitorio para internos asociados al llamado conflicto mapuche está al 100% de su habitabilidad, haciendo imposible el ingreso de esta cantidad de personas, ya que se cuenta con un WC, una ducha, un urinario y un lavamanos con dos llaves, todos con destinación de uso común (...). No cuenta con patio individual (...), debiendo la administración del penal tener horas de gimnasio segregadas", indica el informe, y agrega que tampoco tiene un sector de visitas exclusivo para ellos, por lo que deben utilizar la capilla ecuménica de la unidad.

Relatan que el dormitorio de los condenados está ocupado por tres personas, una de ellas es Celestino Córdova, sentenciado por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. Además, está el de imputados, en el que están 13 formalizados por el caso Luchsinger y la quema de iglesias, estos últimos en huelga de hambre. Incluso, dan cuenta de que se han registrado amenazas de muerte. "No menos importante mencionar que en temas relativos al manejo de la población penal recluida con internos asociados al denominado conflicto mapuche, que genera un escenario altamente complejo (...), donde existen, además, antecedentes de amenazas de muerte entre ellos, debidamente denunciadas al Ministerio Público", señala el documento de Gendarmería.

El director regional del servicio manifiesta que "no es aconsejable seguir albergando más imputados en estos espacios ya copados y que pueden generar nuevos conflictos entre ellos".