Los clubes Rayo Vallecano y Las Palmas, actualmente en la segunda división del fútbol español, son investigados junto a siete jugadores de clubes de Primera, Segunda y Tercera División española, por ser sospechosos de arreglar partidos para favorecer a las mafias de las apuestas ilegales.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la apertura de una investigación en relación con un escándalo que implica a varias ligas europeas y puso bajo sospecha incluso partidos de la Liga de Campeones.

Fue justamente la UEFA la que alertó a la RFEF sobre la posibilidad de irregularidades, que surgen de su propia investigación del escándalo de corrupción, y hoy se supo cuáles son los clubes españoles sospechados de haber arreglado resultados de partidos.

La RFEF abrió un expediente contra Rayo Vallecano y Las Palmas y contra los futbolistas Javier López Vallejo (arquero del Zaragoza, en la imagen), Francisco Suárez (Granada), Mario Gómez (Alcorcón y Córdoba), Juan Carlos Ceballos (Córdoba), Francisco Medina (Rayo Vallecano), Raúl Lucha (Amposta) y Javier Monteys (Terrassa-Santboiá), según informó la prensa local.

Ninguno de los jugadores mencionados jugó la pasada temporada en Primera División, aunque según informó hoy el diario El País, en total serían unos veinte los sospechados de participar en maniobras ilícitas.

"No tengo absolutamente nada que ver con el arreglo de partidos", se defendió hoy el portero López Vallejo, quien sin embargo anticipó que colaborará con los investigadores y aspira a que todo se aclare lo antes posibles.

También anunció su decisión de colaborar con la justicia el club Las Palmas, cuyo duelo con Rayo Vallecano jugado en junio es uno de los que está bajo la lupa y que fue el club que "filtró" las identidades de los jugadores implicados a la prensa.

Quien aceptó haber realizado apuestas "no en uno, sino en siete partidos", fue Juan Carlos Ceballos, que dijo sentirse "tranquilo" y consideró no haber hecho nada malo, además de haber apostado cantidades de dinero "ridículas".

El tema es una cuestión de Estado en España, al punto que el gobierno envió recientemente al Parlamento un proyecto para reformar el Código Penal de manera tal que arreglar partidos sea considerado un delito y no una estafa, lo que permitiría enviar a la cárcel a los responsables.