La empresa peruana Business Track (BTR), centro desde hace meses de un escándalo por sus presuntas labores de espionaje, hacía ya tales trabajos en la década pasada y tenía entre sus víctimas a opositores al gobierno de Alberto Fujimori, según un informe de hoy del diario limeño "El Comercio".

Entre los supuestamente espiados en esa época por BTR estaban políticos como los apristas Jorge del Castillo y Luis Alva Castro y los izquierdistas Javier Diez Canseco y Ricardo Letts, diplomáticos como el hoy canciller José Antonio García Belaunde, la revista "Caretas", la organización no gubernamental Foro Democrático, periodistas nacionales y extranjeros, y hasta un ex presidente del Consejo de Ministros del régimen, Javier Valle Riestra.

"El Comercio" afirma que esas novedades están incluidas en documentación vinculada al caso y que está hoy en manos de la jueza María Martínez.

Hasta ahora, las investigaciones apuntaban a que BTR, propiedad de oficiales de la Marina en retiro, había comenzado actividades en esta década. Durante el régimen fujimorista operó, según se ha comprobado, una enorme red de espionaje, pero no se había incluido a esta firma.

Uno de los puntos que falta esclarecer es si los miembros de BTR, en esa época marinos en actividad, actuaron por encargo del servicio de Inteligencia que dirigía el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy preso en una base naval por delitos de corrupción.

El escándalo estalló en 2008, cuando a través de conversaciones telefónicas grabadas ilícitamente y reproducidas en la televisión de pusieron en evidencia irregularidades en la concesión de lotes petroleros, lo que desató una crisis política. Meses después, se supo que las charlas habían sido grabadas por BTR, cuyo propietario principal, el oficial en retiro Elías Ponce Feijóo, está ahora preso.

Según las investigaciones, la firma espiaba a personas e instituciones por encargos de terceros. Los móviles generalmente eran comerciales, pero también los había de tipo político. Entre los espiados, en ese marco, estuvieron el Partido Nacionalista, de oposición, y funcionarios de la embajada de Venezuela en Lima.

La investigación judicial vislumbra que los procesados tenían conocimientos para interceptar y oír conversaciones telefónicas, infiltrarse en bases de datos y sistemas informáticos, extraer correos electrónicos y obtener ilegalmente documentos privados.

"Como producto del desarrollo de las audiencias de visualización y escucha de bienes incautados a los procesados se advierte que se ha hallado abundante material probatorio que evidencia la ejecución y consumación de la intrusión en correos electrónicos mediante hackeo", indica un documento judicial citado por "El Comercio".