Uno de los puntos más conflictivos de la votación del proyecto de termina con el lucro, el copago y la selección, fue la indicación promovida por diputados de la denominada "bancada estudiantil" que buscaba penalizar con cárcel el lucro, en determinados casos.

La propuesta apuntaba a agregar a una indicación al artículo 3° de la reforma, que "tiene por objeto reconocer expresamente que los fondos de la subvención están afectos al cumplimiento de los fines educativos y establece una lista de operaciones en las cuales se puede usar la subvención estatal".

Así, el artículo 3° ter ingresado por los diputados establecía "una multa que recae en el administrador a cualquier título del establecimiento subvencionado o que reciba aportes permanentes del Estado, que con daño o entorpecimiento a la prestación del servicio educativo, destinare tales recursos a una finalidad diferente a los fines educativos señalados en el artículo 3° de la ley, será sancionado con una multa a beneficio fiscal. No verificado el reintegro, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a máximo".

La propuesta no formaba parte del proyecto original, por lo que el gobierno dio libertad de acción a los parlamentarios de la Nueva Mayoría. En este escenario, la indicación se rechazó por 56 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones. (El rechazo se explica porque para estos efectos, las abstenciones se suman a los votos en contra).

Como se muestra en el gráfico en la parte superior de la nota, la Alianza votó en bloque contra la medida. De la Nueva Mayoría, el Radical Alberto Robles, los DC Aldo Cornejo, Sergio Espejo, José Miguel Ortíz y Matías Walker se opusieron.

En tanto, el proyecto contó con las abstenciones de los PPD Pepe Auth, Joaquín Tuma, Jorge Tarud, Marco Antonio Núñez y Daniel Farcas, así como de los DC Iván Flores, Fuad Chahín y Ricardo Rincón.

Una vez realizada la votación, la diputada del PC y ex presidenta de la Fech,

Camila Vallejo

, dijo:

"Lamentamos profundamente que se haya caído esta iniciativa que fue acordada con el Ejecutivo, fue discutida con el Ejecutivo y fue discutida en la comisión con la venia del Ejecutivo".

Vallejo explicó que "nosotros consideramos que así como en el sistema público existe la malversación de fondos, penalizada primero con una multa y si no entregan la multa la persona que malversó fondos va a tribunales y en última instancia va a la cárcel, creíamos que era coherente que esta figura que funcionaba en el sistema público en educación también funcionara con los particulares subvencionados".

La parlamentaria manifestó su molestia porque a su juicio

desde el Ejecutivo "no existió el énfasis suficiente para respaldar esta indicación".

En este contexto, planteó que espera que en el Senado se reponga la medida.

En tanto, el diputado de Revolución Democrática y ex presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, dijo que "la tipificación del robo, la apropiación indebida de los recursos públicos que tenían como fin único la educación de los niños por un tercero, por supuesto que creemos que es un crímen".

"Lamentamos que por parte de algunos parlamentarios se haya desconocido este trabajo. Tiene que haber un balance entre la permisividad y las sanciones en el caso de no cumplir, porque si no esto es un chipe libre", recalcó.

Desde el gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo que la propuesta "era un elemento importante, pero no fundamental, porque en la eventualidad que se sorprenda alguna figura de malversación la Superintendencia tendrá que tomar cartas en el asunto, y esto puede además de las multas llevar a la pérdida del reconocimiento oficial".

De todos modos, planteó su apertura a revisar el tema durante el segundo trámite legislativo.