La Presidenta Michelle Bachelet, firmó este mañana el proyecto de ley que reforma el sistema de defensa de la libre competencia, iniciativa que entre otras materias aumenta las multas y establece penas de cárcel para sacionar los casos de colusión.

El proyecto modifica el decreto con fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

Revisa los principales puntos de la iniciativa.
 
AUMENTO DE MULTAS

Se establece un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas. Las multas máximas se elevarán desde las actuales 30.000 Unidades Tributarias Anuales (unos US$25 millones) hasta el 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por la infracción. Con ello, se espera que aumente sustantivamente la disuasión que hoy se ve impedida a raíz de la presencia de límites máximos a los montos de las multas.

PENAS DE CÁRCEL

El proyecto de Ley establece el perfeccionamiento de herramientas de combate a colusión y de otras conductas contrarias a la competencia, mediante un tipo penal especial para casos de colusión contemplados en el Código Penal, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo que va desde 5 años y 1 día a 10 años, con el fin de disuadir de forma efectiva la participación de personas naturales en este tipo de prácticas.

CONTROL DE FUSIONES

En línea con lo sugerido por la OCDE en su informe "Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones en Chile", el proyecto propone un control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración, instaurando la notificación obligatoria y preventiva a todas las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios, además de establecer sanciones por incumplir con esta obligación.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sólo podrá investigar operaciones que califiquen bajo los umbrales, que serán definidos con posterioridad por la vía de un reglamento, y que no le hayan sido notificadas, hasta 1 año después que éstas se hayan perfeccionado.

MAYORES ATRIBUCIONES

Además la iniativa incluye mejoras institucionales y de procedimientos, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establecer sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, con penas de prisión para quienes proporcionen información falsa, incompleta o de forma extemporánea, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por la FNE, o para quienes injustificadamente no comparezcan a declarar; y contar con dedicación exclusiva de los ministros titulares del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.