Hasta el despacho del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, llegaron esta tarde representantes de Renovación Nacional.
El equipo encabezado por los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand y el timonel Cristián Monckeberg, entre otros, entregó una propuesta de modificación a la ley antiterrorista.
La propuesta apunta a ampliar la definición de lo que se considera como conductas terroristas; dotar de mayores facultades del Ministerio Público; e incorporar la figura de los agentes encubiertos, entre otras medidas. Junto con esto se sugiere que el gobierno incluya un mecanismo de indemnización para las víctimas de ataques.
Estos son los seis ejes principales:
Ampliar los casos en que los delitos de homicidios, las lesiones graves, los secuestros, los incendios y el apoderarse o atentar contra vehículos de transporte o de carga, entre otros, pasan a ser considerados como terroristas.
RN argumenta que, actualmente, sólo se configuran como delitos terroristas cuando el o los autores tengan por finalidad producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.
En este contexto, se propone agregar tres nuevas causales independientes a que provoquen o no temor en la población: que obedezca a un plan determinado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas; arrancar o impedir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias; que tenga por finalidad desestabilizar el orden constitucional democrático.
Junto con esto, se propone considerar como delito terrorista el emplear bombas o explosivos que afecten o puedan afectar la vida o integridad física de un número indeterminado de personas.
Se plantea que los delitos antes señalados sean siempre terroristas, con independencia de que sean cometidos por una o varias personas o grupos o asociaciones ilícitas, sin limitarlo sólo a estas últimas.
Proponen que las investigaciones por los delitos terroristas pueden iniciarse indistintamente por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, por otras autoridades a cargo del orden público, por las víctimas o sus familiares o por cualquier persona que tenga domicilio en la provincia donde se cometió el delito.
Otorgar nuevas facultades al Ministerio Público, como autorizar los agentes encubiertos, los informantes, las entregas vigiladas de armamentos y explosivos destinados a cometer un delito terrorista, las cuales actualmente sólo se autorizan en los casos de tráfico de drogas.
Se señala que los condenados por cualquier delito terrorista no tendrán derecho a la sustitución de la pena de cárcel por otras que se puedan cumplir parcial o totalmente en libertad como son la reclusión parcial, la libertad vigilada, etc.
Se pide al gobierno que establezca un mecanismo de apoyo, reparación e indemnización a los pequeños y medianos sectores productivos que desarrollan sus actividades en zonas de alto riesgo de violencia extrema, que les permita, a lo menos, acceder a seguros que le den una adecuada protección ante las pérdidas económicas que sufren por la falta de garantías de la acción del Estado en otorgar protección frente a estos actos terroristas.
Esta medida se plantea como sugerencia ya que es privativa del Ejecutivo, ya que contempla gasto fiscal.
La cita de RN con el gobierno ocurre en la antesala de que se dé a conocer el proyecto con que el gobierno busca actualizar la ley antiterrorista.
Según ha publicado La Tercera, el gobierno buscará poner fin a la ley antiterrorista como una legislación especial para incorporarla dentro del Código Penal.
La idea buscaría tipificar como delito terrorista la actuación individual y solitaria de una persona, sin necesidad de vincularlo a una asociación ilícita, como en la actualidad.
