El segundo tiempo de la reforma tributaria entró en tierra derecha, y en este punto el Ministerio de Hacienda juega un rol clave para lograr que el proyecto cuente con el mayor apoyo posible. Por ello, en el Ejecutivo ven con buenos ojos la oportunidad de llegar a un acuerdo con Renovación Nacional (RN).
De hecho, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) ha insistido en que el proyecto debe contar con legitimidad, lo que implica un respaldo transversal: Nueva Mayoría, independientes y, si no toda, de una parte de la oposición.
De ahí que la puerta que abrió RN el lunes pasado para alcanzar un gran acuerdo parece, a primera vista, muy atractiva, y así lo hicieron sentir públicamente las mismas autoridades al dejar un espacio de conversación entre las partes, que sería desarrollado entre el subsecretario de la cartera Alejandro Micco y el economista Bernardo Fontaine.
Pero, alcanzar el "gran acuerdo" no será fácil ni gratuito, pues en la tienda de Antonio Varas no están pidiendo cambios menores y tampoco han descartado llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional de no cumplirse con algunas de sus prerrogativas.
Tres son los puntos críticos puestos sobre la mesa: incentivo potente al ahorro, establecer un régimen de tributación diferenciado para las pequeñas y medianas empresas (pyme) y despejar la hasta ahora polémica renta atribuida.
Al término de la reunión de principios de semana -y como ha sido la tónica hasta el momento-, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se limitó a señalar: "Donde se vea posibilidad de perfeccionar el proyecto, lo vamos a hacer".
Así, el punto clave está en hasta dónde estará dispuesto a ceder Hacienda. Un incentivo potente al ahorro, tiene posibilidades porque también ha sido planteado por el propio secretario de Estado. Una diferenciación para las pymes se podría estudiar considerando que desde la Nueva Mayoría, particularmente la DC, han pedido mejorar los beneficios de estas. La renta atribuida, en cambio ha sido defendida hasta ahora con fuerza en cada presentación por la autoridad.
PLAZOS SE ACORTAN
Para introducir las modificaciones en la Cámara Alta los plazos se van estrechando. Según el cronograma inicial las audiencias culminarán el lunes 7 julio y a mediados de ese mes se votaría la idea de legislar, en la sala del Senado. Tras ello, se abrirá el plazo para presentar indicaciones. Pero en RN no quieren esperar tanto tiempo y aspiran a lograr al menos un compromiso por parte del Ejecutivo mucho antes de esa fecha.
Y es que según el calendario la votación en particular -por artículo- se daría a mediados de agosto. Así quedaría tiempo para que la Cámara de Diputados vise los cambios efectuados en el Senado en un tercer trámite constitucional.
Al Ejecutivo le interesa despejar cuanto antes las incertidumbres y aprobar en los plazos establecidos el proyecto, pues dentro de sus cálculos tienen previsto un eventual paso por el TC, ya que desde la misma UDI se ha hecho reserva de constitucionalidad de algunas materias.
Es aquí justamente donde un posible acuerdo con RN toma fuerza, pues no es lo mismo una presentación ante el TC de un solo partido, que un requerimiento conjunto de la oposición.
Además, Hacienda deberá sortear las dudas que han planteado los expertos en cuanto a la inconstitucionalidad de algunas normas que podrían llevar a la judicialización de ciertos puntos del proyecto, lo que ha permeado en algunos senadores que ya se manifiestan preocupados por este tema (ver nota secundaria).
A Hacienda le interesa aprobar el proyecto antes del envío de la Ley de Presupuesto 2015 al Congreso, cuyo plazo máximo es el 30 de septiembre, ya que necesita de los ingresos previstos en la reforma. Para 2015, según el informe financiero ascienden a más de US$ 2 mil millones.
