Luego de la reciente desarticulación de una banda de tráfico de extranjeros en Arica y de que la fiscalía empezara una nueva investigación penal en contra de una aerolínea por presunto tráfico de haitanos, Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), abordó cómo este fenómeno se podría relacionar con el alto número de contratos falsos detectados en el último tiempo por el gobierno. Asimismo, analizó la postergada renovación de la Ley de Migraciones, que data de 1975 y que el gobierno debía enviar a trámite el 31 de marzo pasado, situación que todavía no ocurre.

¿Cómo ve el problema de la oferta de contratos falsos a migrantes?

Si bien la visa por motivos laborales es una ayuda, significa que aquella persona que es empleadora debe hacer un contrato y no va a poder iniciarse hasta que esa persona regularice su situación. Por lo tanto, se crea una situación que crea una tensión y una circunstancia de desesperación para extranjeros que buscan trabajo en Chile y necesitan regularizar su situación migratoria. Por lo tanto, es obvio que existiendo ese sistema va a existir la oferta ilícita de poder acceder al contrato de trabajo falso. ¿Cómo detectan este tipo de contratos?

Hemos hecho una serie de controles. Cuando un analista descubre que el contrato tiene inconsistencia tanto de carácter material o ideológico, es decir, aparece una persona que lleva un mes en Chile y aparece contratando a otra persona, eso llama la atención y pasa a un segundo control que puede significar una investigación mayor. Y otro tipo de análisis es más masivo, donde se hacen cruces de los empleadores y los trabajadores y se buscan anormalidades en los patrones de contratación principalmente personas naturales o empresas que tienen cantidades exageradas de trabajadores en razón de su situación socioeconómica. Una persona natural que aparece contratando a 300 extranjeros y que el lugar de trabajo es un departamento de 40 metros cuadrados despierta una anormalidad y eso es objeto de una investigación mayor. Ambas investigaciones son objeto de un proceso posterior que se lleva desde nuestra división jurídica y que permite constatar gracias a solicitudes de mayores antecedentes a la PDI y gracias a eso se han logrado detectar no pocos casos de contratos falsos.

¿Y qué han podido detectar?

Hemos llegado a encontrar a personas que tienen a más de mil personas contratados y obviamente son objeto de investigación. Cada vez que se constata eso se hace una denuncia ante el Ministerio Público. Solamente esta semana nosotros ingresamos cerca de cinco denuncias por situaciones de contrato que tenemos antecedentes para poder estimar que pueden ser falsos.

¿Existe una relación entre la oferta de contrato falso y la trata o tráfico de migrantes?

No toda persona que presenta contrato falso tiene dolo. Estamos hablando de personas que no manejan el idioma y tienen un nivel educacional bastante limitado y por lo tanto su posibilidad de saber que están cometiendo un fraude también está bastante acotada. Por eso que el contrato de trabajo tiene un vínculo muy directo con el tema de la trata de personas.

¿En que está el proyecto de Ley de Extranjería que iban a ingresar al Congreso hace meses?

A comienzos de 2016 contábamos con un borrador definido que se envió a Segpres (Secretaría General de la Presidencia) en febrero de 2016 y que es el único instrumento del Ministerio del Interior que ofrece una solución de política de migraciones para su discusión legislativa. Con posterioridad se han ido haciendo algunas adecuaciones más técnicas pero está todavía a la espera de lo que pase con las prioridades legislativas.

¿Cuál es su visión respecto a la paralización de este proyecto?

Todo esfuerzo que uno haga en un determinado sentido obviamente uno quiere que se concretice, aspira a que algo a lo cual este departamento ha dedicado esfuerzo, dedicación y profesionalismo pudiera ver la luz lo antes posible. Decepciona que esto no haya ocurrido todavía del punto de vista de los esfuerzo involucrados. Sin embargo, este gobierno ha demostrado tener una sensibilidad y claridad sobre el tema migratorio que es reconocida por los actores, nadie cuestiona que las políticas implementadas por este gobierno. Por lo tanto, no tengo ninguna razón por la cual dudar que el compromiso que como gobierno tenemos durante esta gestión de ingresar un proyecto del Ley de Migración con enfoque derecho al Congreso se concretice.

¿Por qué no se ha cumplido aún con el compromiso?

Uno no puede atribuir la demora en el ingreso del proyecto de ley al Congreso a una falta de atención al tema migratorio, sino que las circunstancias no se han dado para que eso se pueda concretar. Esto no tiene que ver con una cuestión de prioridad política, sino que sobre todo a una cuestión financiera. No se ingresó principalmente por el tema económico. Cuando este proyecto se empezó a tramitar en su fase pre legislativa, es decir, dentro del gobierno, estábamos con el precio el cobre y con ingresos nacionales muy distintos a los que tenemos hoy. Un proyecto de ley de migraciones para hablar en serio tiene que significar una mejora de la institucionalidad y eso tiene un costo que el Estado debe estar en condiciones de poder asumirlo.