El atentado que dejó 29 vehículos destruidos el lunes en la Región de Los Ríos dio origen a un debate entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el gremio empresarial. Esto, luego de que la máxima autoridad del Ministerio Público señalara que la firma afectada no contaba con las medidas de seguridad para prevenir este atentado.

En el marco de esta discusión es que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, y el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, entregaron sus puntos de vista sobre la controversia que se desprendió de la disputa entre Abbott y los empresarios: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y la del privado en seguridad pública?

Harasic, por su parte, indicó que "creo que el tema es sumamente complejo y en el último tiempo se ha hecho muy mal en pensar que el custodio de la seguridad ciudadana es exclusivamente el Estado".

Añadió que "en los tiempos actuales, que son complejos, de grupos que podrían ser calificados de terroristas y algunos colectivos violentos o de delitos como los portonazos, es imposible decir que le corresponde el deber de evitarlos exclusivamente al Estado o a los propietarios. Es la sociedad entera que tiene que reac- cionar frente a los hechos".

A modo de conclusión, indicó que "el Estado tiene que estar a disposición de los individuos para que haya seguridad ciudadana, pero estos tienen, al mismo tiempo, que trabajar con el Estado para el mismo objetivo. El Estado no puede garantizar que no harán delitos en la sociedad, tendría que haber policía en cada una de las casas de los chilenos, y eso es absolutamente ridículo".

El abogado Teodoro Ribera, en tanto, aborda esta discusión desde una óptica diferente: "El autocuidado debe ser una función de prudencia de cada ser humano y el resguardo del orden público es una labor esencialmente estatal".

Además, el rector de la Universidad Autónoma agregó que respecto de "la responsabilidad del orden público, la sociedad se la ha confiado al Estado, o sea le concedió a éste el monopolio de la fuerza. La contrapartida de que el Estado tenga este monopolio es que lo ejerza, resguardando los derechos fundamentales de las personas".