La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aceleró el trámite para un plebiscito que consultará a la población sobre la reforma política y entregará este martes la propuesta al Congreso, según anunció hoy en otro día de protestas, agravadas con el bloqueo de carreteras por parte de camioneros.
"Es importante que haya una consulta popular para que se condicione la reforma política que se quiere hacer", declaró Rousseff a periodistas en el intervalo de una reunión con los miembros de su gabinete y los líderes de la base oficialista en el Congreso.
La propuesta de plebiscito incluirá, según Rousseff, la financiación de campañas y el sistema de voto.
La mandataria aclaró que el Gobierno "no dará sugestiones de preguntas", misión que quedará en manos del Congreso, que por la Constitución brasileña será el encargado de convocar la consulta, y de la Justicia electoral.
"Mañana (martes) enviaremos nuestra sugestión a la Cámara y al Senado en el sentido de plebiscito, señalando en líneas generales los puntos que consideramos importantes", apuntó.
La reforma política, paralizada desde hace más de quince años en el Congreso, es una de las tantas reivindicaciones en la ola de protestas que se desató el pasado 10 de junio por el alza de las tarifas de transporte en Sao Paulo y luego se extendió a otras ciudades y por otras motivaciones.
La jefa de Estado considera "oportuno" que la reforma se de dentro del plazo del Tribunal Superior Electoral (TSE) para que entre en vigor en las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del próximo año.
"Me gustaría que tuviese efecto sobre la próxima elección, pero para saber si eso es posible o no tendremos que tomar en cuenta las cuestiones prácticas del TSE, la Cámara y el Senado", señaló Rousseff.
La mandataria pidió una asesoría técnica sobre la convocatoria del plebiscito, según el TSE.
La realización de un plebiscito para la reforma política fue una de las respuestas del Gobierno a las manifestaciones, que hoy llevaron a las calles a cientos de camioneros que bloquearon con sus vehículos dos importantes autovías de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais.
El gremio exige una reducción de los precios del combustible y de los peajes y amenazaron con una paralización durante 72 horas de las vías que comunican a los dos estados más poblados y productores del país.
También hubo manifestaciones por una mejora en los servicios públicos, entre otras demandas, en urbes importantes como Brasilia, Porto Alegre, Sao Paulo y Belo Horizonte, así como en ciudades de tamaño medio, aunque sin la dimensión de otros días.
La jefa de Estado dijo que el movimiento en Brasil es diferente del ocurrido en otros países, particularmente en el Oriente Medio y Europa, motivados por el desempleo y la crisis económica.
"En Brasil, lo que se quiere son más derechos, más participación y más, sin duda, acción del ciudadano", apuntó la mandataria en la Granja do Torto, residencia de descanso presidencial en la que citó a su gabinete para una reunión de emergencia.
En los 20 días de protestas la popularidad de Rousseff, medida por su índice de aprobación, bajó del 57 % al 30 % , según una encuesta divulgada el sábado por el Instituto Datafolha.
Sobre la economía del país, la presidenta señaló que el Gobierno sigue "atento" en temas puntuales como el control inflacionario y se comprometió a acelerar los programas de infraestructura planeados en su gestión, en particular los relacionados con transporte público y movilidad urbana.