La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le descontó a más de 11.000 trabajadores del Estado los días de huelga realizados, en una decisión que aumenta la pugna del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) con empleados públicos, policías y a la que se sumaron hoy los funcionarios de la cancillería.

La decisión se enmarca en la dura negociación que mantienen el gobierno y los 30 sindicatos de sectores de la administración pública que desde hace dos meses están en huelga y rechazan el aumento del 15% ofrecido por el gobierno, ya que reclaman una nueva escala salarial con avances de haberes de hasta el 40%.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, pidió hoy identificar a los policías federales que el lunes, en el marco del reclamo salarial de la fuerza, habrían abandonado los puestos de controles en la Triple Frontera con Argentina y Paraguay.

El Ministerio de Planificación informó hoy que 11.495 empleados públicos recibirán el descuento por los días de huelga en sus haberes a recibir el 1 de septiembre, informó Agencia Brasil.

Según el gobierno, están en huelga unos 70.000 empleados públicos, contra los 350 mil que estiman los sindicatos. Los sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef) anunciaron que recorrerán al Supremo Tribunal Federal para torcer la sanción del descuento de los días de huelga.

El clima de negociación hoy impactó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde comenzó una huelga por reclamos salariales, que recibió adhesiones en más de veinte misiones en el exterior.

La huelga afectó consulados y embajadas en Buenos Aires, Roma, Mendoza, Ciudad del Este, La Habana, Madrid, Barcelona, Dublin, Dakar, Zurich, Berna, Damasco, Tel Aviv, Abuja, Nueva Delhi, Beirut y Sydney. También pararon funcionarios de la diplomacia brasileña en la organización de la ONU para la Agricultura y Alimentación (FAO), con sede en la capital italiana.

"Esperamos una reunión con el gobierno", dijo Helder Pereira, vocera de Sinditamaraty, el sindicato de los trabajadores de la cancillería. Entregas de visas y trámites en general están detenidos por la paralización.

El reclamo de los funcionarios es equipararse con los de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Los oficiales de cancillería reclaman aumentos de 3.150 dólares a 6.500 dólares mensuales. Los diplomáticos piden que el piso salarial sea el salario de un comisario de la Policía Federal, de 6.600 dólares.

El movimiento huelguista es la gran disputa social que la presidenta Dilma Rousseff enfrenta desde que asumió el cargo el 1 de enero de 2011 y hasta se han sumado sindicatos que adhieren a la Central Unica de Trabajadores (CUT), brazo sindical del PT.

El gobierno se mostró irreductible con el 15% de aumento en forma escalonada hasta 2015, en vistas a que argumenta que no habrá más mejoras dentro del presupuesto 2013.

El 31 de agosto vence el plazo para que el gobierno entregue al Congreso el presupuesto para el próximo año y por eso las negociaciones con los sindicatos se hacen contrarreloj.

La huelga frenó al comercio exterior ya que hubo paros en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, en los puertos y en las aduanas, con el cese de actividades de la Receita Federal, el ente fiscal.

En una medida inédita para el PT, la presidenta Rousseff determinó que los empleados en huelga sean reemplazados por agentes públicos de los municipios, lo que elevó más la tensión en medio de las negociaciones.

"Los que lideran las huelgas tienen sangre azul", dijo Rousseff a asesores, según el diario Correio Braziliense, en referencia a los 'comandantes' trabajadores en rebeldía, que ganan más de 10 mil reales (unos 5 mil dólares).