En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días después de que 1,7 millones de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) en su contra, la Presidenta Dilma Rousseff anunció ayer un "paquete anticorrupción", justo en momentos en que el rechazo a su gestión alcanzó el mayor nivel para un mandatario en Brasil desde 1992, producto de la crisis económica y el escándalo de corrupción que afecta a Petrobras.
En un discurso trasmitido a todo el país, Rousseff dijo ayer que "tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción". "Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal, con mi práctica política y es coherente con mi actuación como Presidenta", agregó la mandataria, para quien el Estado tiene el deber de "investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva", incluso para "garantizar la protección de los inocentes".
Una de las medidas anunciadas, que como las anteriores dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
Asimismo, Rousseff propuso reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También pidió extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal. Del mismo modo, se incluye la posibilidad de confiscar bienes de funcionarios públicos que acumulen un patrimonio "incompatible con sus ingresos" y no logren demostrar que fueron adquiridos con recursos legales.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en el Congreso y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
Según DPA, estas medidas habían sido prometidas por primera vez por Rousseff en junio de 2013, cuando también estallaron masivas protestas por todo el país.
Las denuncias de corrupción, el estancamiento económico junto a una inflación en aumento y la sensación general de la gente de que el gobierno está aislado han agravado el desgaste de la imagen política de Rousseff, quien inició su segundo mandato el 1 de enero pasado.
El sondeo mensual del Instituto Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, reveló ayer que la aprobación de la gestión de Rousseff se desplomó a 13% y el rechazo a su gobierno trepó al 62%. El diario Folha de Sao Paulo apuntó que ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del impeachment del entonces Presidente Fernando Collor de Mello", cuyo rechazo llegó a 68% tras ser acusado de corrupción. Mauro Paulino, director general de Datafolha, dijo a La Tercera que "por primera vez se constata la desaprobación mayoritaria en los bastiones tradicionales del (oficialista) PT". Esto es el norte y noreste del país, que en octubre pasado votaron masivamente por la reelección de Dilma.
